Agua sin plan

LA PLANIFICACIÓN de un recurso natural como el agua es básica para las estrategias políticas de desarrollo en España, como lo es el plan ferroviario o de carreteras. Por ello sorprende que las primeras declaraciones del secretario de Estado de Aguas y Costas se hayan dirigido a descalificar la política seguida por el anterior Gobierno socialista -y que hunden sus raíces en la historia de este siglo- antes que a dar detalles sobre lo que el Gobierno piensa impulsar. Benigno Blanco no ha encontrado nada digno de ser rescatado de los distintos borradores del Plan Hidrológico Nacional, ni en los primeros -más centrados en las obras públicas que en diseñar una ordenación inevitablemente compleja de un recurso escaso- ni en los últimos que fueron revisados por el Consejo Nacional del Agua. Unicamente coincide con los socialistas en el apoyo a la presa de Itoiz.El anterior non nato Plan Hidrológico pretendía abarcar un horizonte de 20 años, razonable ante la envergadura del tema, pero que al PP le parece excesivo. Con tal argumento se podría haber despachado a Lorenzo Pardo cuando en la II República se le encargó el diseño de lo que pudo haber sido el primer Plan Hidrológico español, que frustró la guerra civil. El esfuerzo no fue en vano, pues de sus líneas maestras se surtieron primero el régimen de Franco y posteriormente los Gobiernos de la democracia.

El PP -que desde la oposición exigió un Plan de Regadios como paso previo al Hidrológico- se centrará en intentar modernizar las estructuras de las confederaciones hidrográficas. Falta les hace. La del Guadalquivir tiene pendientes de resolución 80.000 expedientes. Pero con esta actitud sensata, el actual responsable de Aguas y Costas pretende también soslayar la espinosa cuestión de los trasvases y evitar unos conflictos entre comunidades autónomas que impidieron el alumbramiento del plan por el anterior equipo. El PP puede in tentar esquivar ese enfrentamiento. Pero es un debate no sólo inevitable, sino necesario.

Desde la Ley de Aguas de 1985, el agua -ya sea subterránea o en superficie- es un recurso de dominio público. Quienes hacen uso de ella necesitan concesiones administrativas, pero, salvo por las tasas por infraestructuras y la depuración de vertidos, no pagan nada por ella. Lo que no significa, claro está, que el consumidor no pague cánones por el coste de su transporte y depuración y para inversiones en infraestructuras.

Introducir mecanismos de mercado -como apunta el PP- en este sistema singular para que se pueda comerciar con las concesiones puede generar tantas o más polémicas que los trasvases, pues se plantearán problemas de precio, de titularidades históricas o nuevas y de uso. Por ejemplo, ¿podrá Castilla-La Mancha cobrar a los regantes de la cuenca del Segura por el agua que les trasvase del Tajo? La durísima sequía de años atrás llevó a que se desarrollaran bajo cuerda artificios de compraventa de agua en zonas como Marbella, donde se compró agua a particulares con pozos a precio de oro para llenar piscinas. En ese momento, muchos se fijaron en la experiencia de California, donde una sequía dio pie entre febrero y abril de 1991 a compensar a los agricultores que dejaron de regar para ceder temporalmente sus derechos para el consumo urbano. Pero estas trasferencias las gestionó un organismo público, encargado también de fijar cantidades y precios. En cualquier caso, España requiere un Plan Hidrológico, empeño en el que él PSOE fracasó. La llegada del PP podía hacer esperar que conseguiría alumbrarlo, y no ignorarlo.