El Poder Judicial teme que la videovigilancia callejera afecte al derecho a la propia imagen

El Consejo General del Poder Judicial introducirá, previsiblemente, algunas "cargas de profundidad" en el anteproyecto del Gobierno para instalación de cámaras de vídeo en zonas urbanas del País Vasco, que hoy se debatirá en Pleno, según fuentes del organismo. El informe de la Comisión de Estudios introduce importantes cautelas, similares a las de la ley de protección de datos informáticos, para asegurar que las imágenes y sonidos grabados en la via pública serán utilizados sólo para la prevención de disturbios callejeros.

La Comisión de Estudios del Consejo del Poder Judicial considera, según el informe, que la grabación mediante videocámaras afecta al derecho a la propia imagen de los ciudadanos, ya que invade un ámbito de privacidad que hay que preservar, informaron personas conocedoras del texto.El escrito de la Comisión de Estudios, que la vocal Ángeles Huet calificó de "secreto" por considerarlo afectado por el "secreto de las deliberaciones", juzga "un proyecto garantista" el presentado por el Ejecutivo, si bien la comisión pretende "ir más allá" y configurar el derecho a la propia imagen como un derecho autónomo, que merece protección especifica, en la línea del tratamiento que le concede el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

El anteproyecto gubernamental pretende evitar las algaradas callejeras en determinadas localidades del País Vasco y para ello establece que las grabaciones, siempre en lugares públicos, deberán ser previamente autorizadas por la autoridad gubernativa, tras escuchar a una comisión de control presidida por un magistrado del Tribunal Supremo.

Sin embargo, la comisión de Estudios del Poder Judicial discrepa de esta regulación y, según las fuentes consultadas, se muestra contraria a la presencia de un miembro de la autoridad judicial en activo en la comisión de control de las grabaciones. Más concretamente, el informe se opone a que dicha comisión deba ser presidida por un magistrado del Tribunal Supremo.

El informe hace especial hincapié en que cualquier dato obtenido por las videocámaras ha de utilizarse para los fines previstos en la ley y especialmente, en que su consecución y destino final queden previamente establecidos. También reclama mayor transparencia respecto a la autoridad gubernativa competente, para que quede muy claro quién se responsabiliza de la captación de imágenes en cada momento.

El informe también pretende un régimen más estricto en la concesión de las autorizaciones previas para la instalación de las cámaras, independientemente de la autoridad que la expida.

La Comisión de Estudios pide mayores garantías sobre la inutilización posterior de, las cintas. El anteproyecto regula esta cuestión de forma un tanto ambigua, al señalar que las imágenes y sonidos serán destruidas en el plazo máximo de dos meses, "salvo que estén relacionadas con infracciones penales o administrativas graves o muy graves, en materia de seguridad pública, con una investigación policial en curso o con un procedimiento judicial abierto".

También piden que se refuerce el control del tratamiento informatizado de las imágenes y voces captadas, de forma similar a la prevista en la ley de protección de datos informáticos.

Este informe será debatido hoy por el Pleno del Poder Judicial, antes de elaborar el texto definitivo que remitirá al Gobierno, con carácter preceptivo pero no vinculante. Con este informe y otro que debe elaborar el Consejo de Estado, el anteproyecto podrá ser debatido y, en su caso, aprobado por el Consejo de Ministros como proyecto de ley.

Las asociaciones judiciales se encuentran divididas respecto a las intenciones del texto del Gobierno. Mientras la Asociación Profesional de la Magistratura lo considera plenamente constitucional y, según su portavoz, Ángel Calderón, "muy garantista", la asociación Jueces para la Democracia es más reticente y entiende que puede afectar a derechos constitucionales, en especial a la intimidad y la imagen.

El magistrado del Tribunal Supremo Cándido Conde-Pumpido, miembro de Jueces para la Democracia ha declarado, según informa Europa Press, que es "una ilusión falsa" creer que las videocámaras van a eliminar la violencia callejera. El magistrado añadió que, en todo caso, nunca podrán sustituir a la función efectiva de las fuerzas de seguridad.