Comisiones Obreras calcula que las pensiones contributivas están aseguradas hasta el 2030

El sistema social contributivo no está en quiebra y su supervivencia está asegurada al menos hasta el año 2030, siempre que se mantenga el nivel de contribuciones en el 10,1% del PIB, que se separe la financiación de las pensiones contributivas de las universales y -que, paralelamente, se ejerza una lucha eficaz contra el fraude. Estas son algunas de las conclusiones de un estudio realizado por Comisiones Obreras (CC OO) y que servirá de base a este sindicato en las futuras discusiones del Pacto de Toledo, llamado a reformar el sistema de pensiones de la Seguridad Social.

La publicación de este trabajo coincide con la polémica suscitada por el secretario de Estado de la Seguridad Social, Juan Carlos Aparicio, respecto a la conveniencia de ampliar cuanto antes el cómputo para calcular las pensiones a toda la vida laboral de los trabajadores. Tanto el PSOE como Izquierda Unida (IU) se han manifestado en contra de esta posibilidad. Pero los sindicatos han sido más prudentes. Fuentes de UGT y de CC OO consideran prematuro adoptar una posición sin conocer todos los datos. CC OO, por ejemplo, en el citado estudio no plantea como una cuestión prioritaria fijar estos años de cómputo.Y es que el estudio de CC OO está presidido por el pragmatismo. En el debate sobre la reforma de la Seguridad Social, afirma el sindicato, "habrá que defender ideas realizables en dirección a la solidaridad. De perder pie, retrocederemos".

Pero donde CC OO sí pone el acento es en la necesidad de velar por el sistema de protección social español, que se ve "actualmente amenazado por una profusión de informes y estudios de diversa calidad que ponen en duda la existencia del actual modelo de prestaciones" y que "tienen su origen y financiación en sectores privados muy específicos". Como prueba de los intereses que mueven estas críticas, CC OO hace hicapié en que "la gestión del actual sistema público de reparto reportaría a las entidades financieras y aseguradoras un beneficio superior a los 200.000 millones de pesetas anuales con las comisiones cobradas por los fondos de pensiones privados".

Supuesta quiebra

El estudio señala que esos intereses intentan presentar un panorama de supuesta quiebra de la Seguridad Social utilizando como argumento el aumento de las aportaciones del Estado a su financiación y la pérdida de protagonismo de las cotizaciones sociales. Bien al contrario, "el segmento contributivo de la Seguridad Social no sólo no está en quiebra, sino que hoy mantiene un excedente cercano a los 200.000 millones de pesetas", a pesar de que las condiciones económicas no son especialmente favorables.Pero la garantía de supervivencia del sistema público de protección social, según CC OO, obliga a separar la financiación de las pensiones contributivas (aquellas que tienen su origen en las cotizaciones aportadas en la vida laboral de los trabajadores), de las universales (a las que todo ciudadano tiene derecho), que deberán financiarse a través de los Presupuestos del Estado.

El estudio insiste en que el segmento universalizado de las prestaciones ha cargado a la Seguridad Social con una serie de préstamos con el Estado por, valor de un billón de pesetas, situación que podría solucionarse, dado que son gastos ya contabilizados que no generan nuevos déficit, mediante el mecanismo contable de disminuir el capítulo de activos del Estado (préstamos pendientes de cobro) incrementando el pasivo financiero (deuda acumulada).

Pero cualquier solución no implica, según CC OO, que se pueda olvidar la existencia de problemas o ineficiencias en las distintas prestaciones, a los que hay que añadir la evolución previsiblemente negativa de algunas variables en el futuro. Entre ellas destaca el hecho de que los nuevos beneficiarios de pensiones son trabajadores asalariados con una media de 33 años cotizados, mientras que un porcentaje elevado de cotizantes tienen una relación laboral muy precaria, lo que les impide aportar recursos estables al sistema. También es un factor para tener en cuenta el previsto aumento dé los jubilados sobre el conjunto de la población y la mayor esperanza de vida, que contribuirán a que haya un número superior de beneficiarios de pensiones, que cobrarán durante más años y que deberán disponer de servicios sociales y sanitarios.

Las "posibilidades de financiar estos mayores costos de las prestaciones contributivas dependerán de la recuadación obtenida". Por ello, es deseable una mejora de las condiciones de entrada de nuevos y más trabajadores en el mercado laboral que puedan hacer mayores aportaciones.

El gasto social se puede asegurar hasta el año 2030 si se mantiene esta recaudación entre el 10,1% y el 10,4% del PIB en un escenario de crecimiento de este último del 2,5% anual acumulativo, subraya CC OO, cuyos técnicos argumentan que, frente a un gasto de 6,6 billones de pesetas en 1996 (8,9% sobre el PIB), podría llegarse al 2030 con unos gastos de 48,33 billones de pesetas, que supondrían el 10,3% del PIB (a una tasa de crecimiento del 2,5%) o incluso sólo al 8,7% si el PIB crece al 3%.

Paralelamente, la financiación del sistema universal, dada la actual gravedad del déficit público, hace cobrar mayor protagonismo al sistema tributario, para evitar el fraude fiscal. CC OO recuerda que España mantiene una presión fiscal inferior en cinco puntos a la media de la Unión Europea y que una actuación firme contra el fraude, para situarlo a los niveles de cualquier país desarrollado, permitiría aflorar entre 1,5 y 2 billones de pesetas, es decir, más de la mitad del coste de la asistencia sanitaria.