El Gobierno niega a los jueces todos los papeles del Cesid apelando a la seguridad del Estado

El Gobierno esperó a su última reunión antes de las vacaciones para adoptar la decisión más controvertida de su corto mandato, la de negar a los jueces que investigan la guerra sucia contra ETA los papeles del Cesid, con argumento de que afectan a la seguridad del Estado. La protección del secreto acabó rimando sobre el deber de colaborar con la justicia, defendido por las ministras, de Justicia y Agricultura, Margarita Mariscal de Gante y Loyola de Palacio. Fue el ministro de Defensa, Eduardo Serra, para quien la decisión constituye una victoria personal, el encargado de dar públicamente la cara.

Serra se esforzó por presentar la decisión como un acuerdo colegiado del Consejo de Ministros, adoptado por todos sus miembros "sin la más mínima fisura". Sin embargo, ningún otro asunto ha dividido más profundamente al Gabinete del Partido Popular.La decisión adoptada ayer supone, de hecho, un giro copernicano respecto a la postura defendida por el PP cuando estaba en la oposición y acusaba al Gobierno socialista de escudarse en la seguridad del Estado para salvaguardar su propia seguridad.

El secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Rodríguez, justificó este cambio afirmando que "a lo mejor, antes el asunto afectaba a la seguridad del Gobierno y ahora afecta a la seguridad del Estado, porque no tenemos nada que ver".

También restó importancia al hecho de que el vicepresidente primero, Francisco Álvarez Cascos, estuviera ausente de la reunión de ayer, ya que se ha tomado la semana de descanso para compensar que permanecerá. en La Moncloa todo agosto. "Por supuesto", subrayó Rodríguez, Alvarez Cascos ha estado al tanto y asume la decisión..

"Ni cómoda ni fácil"

Tanto Serra como Rodríguez admitieron que la decisión del Gobierno no era "cómoda ni fácil", anticipándose al previsible alud de críticas, pero argumentaron que se trataba de la más rigurosa y seria de las posibles. "Me siento orgulloso", dijo el ministro de Defensa, que no milita en el PP, "de pertenecer a un Gobierno que asume con seriedad y rigor sus obligaciones".La negativa a entregar a los jueces los papeles del Cesid fue recibida con sorpresa y satisfacción en las filas del PSOE. Todos los indicios apuntaban a que el Gobierno se inclinaba por una vía intermedia, desclasificando algunos de los papeles del Cesid, lo más inocuos, y manteniendo en secreto los restantes.

Serra se empleó a fondo para convencer al presidente José María Aznar de que esta solución, defendida en privado por Álvarez Cascos y por el ministro de Interior, Jaime Mayor Oreja, no contentaría a quienes presionaban al Gobierno para que entregara los documentos y mantendría abierta una vía de agua de incalculables consecuencias en los servicios secretos.

Una vez sentado el precedente de que un documento del Cesid puede utilizarse como prueba en una proceso judicial, argumentó Serra, ya no habría forma de evitar que se replantease periódicamente el mismo dilema. Además, en el escrito en el que solicitaba 18 documentos, el juez Baltasar Garzón relacionaba continuamente unos con otros, por lo que no se daría por satisfecho si se le daba sólo una parte.

La decisión, a la que el Gobierno había venido dando largas desde que tomó posesión hace tres meses, quedó ultimada el domingo en La Moncloa -dos días después de que Aznar recibiera a Felipe González- en una reunión del presidente con Cascos, Mayor Oreja y Serra. El titular de Defensa volvió a entrevistarse el jueves con Aznar por lo que ayer, en el Consejo de Ministros, el asunto se despachó en un cuarto de hora, según Rodríguez, tras informar Serra en contra de la desclasificación.

La decisión del Gobierno supone que, al margen de su contenido, ningún papel del servicio secreto será entregado a un juez. No obstante, en la conferencia de prensa, Serra evitó este planteamiento genérico e insistió en que se habían examinado uno por uno los más de 25 documentos solicitados por tres jueces.

¿Cómo es posible que el Gobierno no haya encontrado ni un solo documento que no afecte a la seguridad nacional?, se le preguntó. ¿Cómo es posible que [los jueces] no hayan pedido ninguno que no afecte a la seguridad nacional?", replicó Serra.

El ministro insistió en que algunos de los papeles reclamados por los jueces "no existen [en los archivos del Cesid] ni consta que hayan existido nunca". Respecto a los restantes, sustraídos por Perote, agregó, estuvieron dos meses fuera de control, por lo que no puede garantizarse que no han sido manipulados.

Nueva legislación

Serra recordó que el dictamen del Consejo de Estado encomendó al Gobierno velar "principalmente" por la seguridad del Estado y que también está obligado a prestar "especial protección" a los agentes secretos. Su propósito, agregó, es no utilizar este asunto "mirando al pasado con espiritu de revancha".Como muestra de su voluntad de pasar página, Serra dedicó más tiempo a explicar la futura regulación del Cesid y de los secretos oficiales que la propia decisión adoptada ayer. Los dos proyectos de, ley, que serán debatidos por el Gobierno inmediatamente después de las vacaciones, sustituirán una legislación que calificó de "poco satisfactoria" y servirán para que el Cesid sea un puro servicio de inteligencia, "lo que nunca debió dejar de ser".

Según las explicaciones que ofreció el ministro, los jueces seguirán teniendo vedado el acceso a documentos secretos, si bien se les podrá entregar un certificado con aquellos extremos que sean susceptibles de ser divulgados. El acceso a estos papeles continuará reservado, como hasta ahora, al Parlamento y al Defensor del Pueblo, pero el enjuiciamiento de los delitos de revelación de secretos pasará a ser competencia del Tribunal Supremo.