El Parlamento de Uruguay da al juez los documentos falsos del 'caso Focoex'

El presidente de la Cámara de Diputados de Uruguay, Alejo Fernández Chávez, entregó ayer toda la documentación relativa al caso Focoex al Poder Judicial. Esta petición se realizó inmediatamente después de que el magistrado del Juzgado de lo Penal número 14 de Montevideo, Washington Balliva, decidiera hacerse cargo del tema.La documentación tramitada es la recopilada por la comisión de investigación creada por el Parlamentó uruguayo para seguir el caso Focoex. Esta comisión concluyó que parte de los papeles que sirvieron para desencadenar el supuesto escándalo eran falsos, según el análisis efectuado por expertos calígrafos. Este dictamen ha puesto en serias dificultades, tanto políticas como judiciales, al diputado del izquierdista Frente Amplio Leonardo Nicolini, principal impulsor de la comisión.

Nicolini ha asegurado al diario La República de Montevideo que fue el diputado español de Izquierda Unida Francisco Frutos quien le proporcionó los documentos que han resultado falsos. Según las declaraciones de Leonardo Nicolini, Frutos le garantizó "personalmente la veracidad de los documentos".

En una entrevista concedida al diario uruguayo, Frutos manifestó: "Los dos faxes que entregué a Nicolini, y que fueron presentados en la comisión investigadora de Uruguay son auténticos". "Yo no puedo revelar las fuentes y los contactos que me proporcionaron la información. Sí puedo decir que esos dos faxes fueron enviados y llegaron a Focoex, y que estaban en sus archivos, desde donde me fueron proporcionados", señala el diputado de Izquierda Unida. Frutos asegura que enviará una videocinta donde asumirá "la total responsabilidad" y ratifica que fue él quien los entregó a Nicolini.

Francisco Frutos, que el martes propuso la creación de una comisión de investigación en España sobre el caso Focoex, no respondió ayer a las llamadas de EL PAÍS.

Más denuncias

Por otra parte, el representante de Focoex en Uruguay ha presentado una denuncia por desaparición de documentos y por falsedad en los dos que fueron entregados a la Comisión. En esos documentos figuraba su firma y se comunicaban reuniones con funcionarios del Gobierno de Luis Alberto Lacalle (ex presidente, de Uruguay) con representantes de la empresa pública española.La comisión de investigación del Parlamento uruguayo analizó durante 100 días las supuestas irregularidades de compras efectuadas por el equipo del ex presidente Lacalle a la empresa pública española por valor de unos 200 millones de dólares (unos 25.000 millones de pesetas). La Cámara de Diputados uruguaya debatirá a lo largo de los próximos días las conclusiones de su informe definitivo.