El Gobierno congela los salarios de altos cargos, funcionarios y empresas públicas

El Gobierno empezará a ejecutar el recorte del gasto público en 1997 con la congelación de los sueldos de todos los empleados públicos. La medida se piensa aplicar al conjunto de las administraciones, a los altos cargos y a los empleados de empresas públicas con una participación estatal superior al 50%. En total, más de dos millones de asalariados se verán afectados por una decisión que supondrá un ahorro en el presupuesto de unos 200.000 millones de pesetas. Los sindicatos expresaron un moderado rechazo.

Los secretarios de Estado de la Administración Pública, Francisco Villar, y de Presupuestos y Gasto, José Folgado, anunciaron ayer que los salarlos de los empleados públicos no subirán ni una peseta el próximo año. Los dos reconocieron que la medida "no es fácil ni agradable". Se repetirá de nuevo la congelación salarial aplicada al colectivo en 1994, pese al compromiso, firmado por los sindicatos con el Gobierno socialista, que garantizaba el mantenimiento del poder adquisitivo con efectos para 1997. Folgado aseguró que esta medida de austeridad y reducción del gasto público es absolutamente necesaria si España pretende estar en la unión monetaria en 1997.Los principales sindicatos de funcionarios criticaron la decisión del Gobierno. CC OO y UGT aseguraron que no descartan emprender movilizaciones en septiembre si el Ejecutivo no da marcha atrás, y CSIF se ha retirado temporalmente de la mesa, negociadora de la función pública.

La Comisión Delegada, mientras, siguió analizando ayer las cifras de los Presupuestos del Estado para 1997 y planteó la creación de tres nuevas tasas, cuya aplicación produciría una recaudación adicional de más de 150.000 millones de pesetas. El ámbito de aplicación de estos y otros gravámenes se mantiene en la más absoluta reserva con el fin de tener abierta la opción por unos u otros recargos. El Ejecutivo analiza nuevas fuentes de ingresos porque no termina de cuadrar los grandes números del presupuesto, que debe contener un ajuste global de 1,2 billones de pesetas.

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