Ilegales en Melilla

ANTE EL feo cariz que ha ido tomando para el Gobierno el asunto de los 103 inmigrantes ilegales expulsados de Melilla a varios países africanos -asunto que cada día registra novedades inquietantes-, al ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, no le ha quedado otra salida que comparecer en el Parlamento para ofrecer una explicación de los hechos. Pero la comparecencia, prevista para el próximo lunes ante la Comisión de Interior y Justicia del Congreso, llega con retraso. Se produce a remolque de los acontecimientos. Con su iniciativa, Mayor Oreja evita que la oposición se anote el tanto político que supondría su presencia forzada en la Cámara, pero es improbable que llegue a tiempo de reparar el desgaste político que ha supuesto para el Gobierno una operación en la que ha primado la eficacia de una expulsión rápida por encima de cualquier otro criterio.El Gobierno no sólo tiene que hacer frente a las críticas que le vienen de la oposición. Las organizaciones internacionales de derechos humanos también se le han echado encima a medida que se iban conociendo nuevos detalles sobre las condiciones del viaje y entrega de los inmigrantes. Existen testimonios de que los expulsados fueron esposados, además de ser sedados indiscriminadamente y engañados sobre el destino de su viaje. Y que algunos de ellos fueron desembarcados en países distintos a los suyos de origen. Ello explica que la suerte de 10 de ellos sea desconocida al mes de su expulsión y que otros permanezcan encarcelados en terceros países hasta ver qué se hace con ellos.

Sólo la ligereza con que se actuó puede explicar una decisión tan arriesgada por parte de España como pagar, a exigencias del Gobierno de Malí, 250.000 pesetas a cada uno de los 19 inmigrantes repatriados a ese país. A poco que circule este dato, Melilla y Ceuta van a aumentar, sin duda, su atractivo para la inmigración. De hecho, ya han llegado más de 70 desde que fue expulsado el grupo anterior. A este paso habrá que organizar al menos un vuelo mensual para sacar a las sucesivas remesas de ilegales. Mayor Oreja tendrá que explicar con claridad este incidente y las medidas que va a adoptar para que no se repita. Y no basta con decir que ésta era una práctica común de anteriores Gobiernos. Si así era debe saberse, pero ello no exculpa al actual Ejecutivo de sus responsabilidades. Algunos ministros han adquirido la pésima costumbre de proteger con errores del pasado los suyos propios.

El Gobierno ha pretendido venderla idea de que había un problema enquistado en Melilla -la presencia de un numeroso grupo de inmigrantes ilegales, que ponía en peligro el orden público- y que ese problema se ha resuelto. Y que eso es lo que importa por encima de cualquier otra circunstancia más o menos cuestionable que haya podido darse en la operación. En ese contexto hay que interpretar la deplorable frase del presidente del Gobierno, José María Aznar, de que "había un problema y se ha solucionado". Pero, aparte del rampante pragmatismo que revela, no parece que el problema esté resuelto. Una nueva bolsa de inmigrantes ha tomado el relevo a los expulsados.

El problema está en otro sitio y, en todo caso, no se resuelve con los métodos expeditivos a los que ha recurrido el Gobierno. En parte, el problema está en Marruecos, que luego de dejar que estos inmigrantes subsaharianos crucen su frontera en dirección a Ceuta y, Melilla se niega a aceptar su devolución por parte de España, bajo pretexto de que las autoridades españolas no pueden demostrar documentalmente que procedían de Marruecos. El reciente viaje de Mayor Oreja a Rabat ha buscado precisamente vencer las resistencias de Marruecos a una colaboración activa y leal entre vecinos en el problema de la inmigración. Pero tampoco puede decirse que la actuación española haya sido la más acertada. Se permite que el grupo de inmigrantes que logra atravesar la frontera hispano-marroquí se haga cada vez más numeroso sin aplicarles de inmediato los procedimientos previstos para cada caso concreto por la ley de Extranjería. La situación se pudre y llega un momento que no se sabe qué hacer con esa creciente y explosiva bolsa humana. Y se actúa como ha hecho el Gobierno Aznar hace un mes: por las bravas y pasando por encima de los mecanismos legales con los que se pretende resolver de la manera más pacífica y civilizada posible el dramático problema de la inmigración ilegal.