El PSOE apoya el uso de vídeos para evitar la violencia en el País Vasco

El PSOE ofreció ayer su colaboración al Gobierno para "discutir y consensuar" las medidas que el Ejecutivo piensa adoptar para combatir la violencia callejera en el País Vasco, incluida la instalación de vídeos en las calles, siempre que esas medidas no sean anticonstitucionales. El portavoz de Justicia del PSOE, Juan Alberto Belloch, afirmó que, ante la violencia callejera, hay que aplicar la misma técnica de política de Estado que en otras materias antiterroristas, ya que es "uno de los elementos de la estrategia terrorista y no un hecho independiente o autónomo".

El Gobierno tiene elaborado un proyecto de ley orgánica en el que pretende basarse para poner en marcha un plan de videovigilancia. El proyecto también plantea la celebración de juicios rápidos contra los radicales, reforzar la ley Corcuera y establecer medidas legales para que los padres o tutores de los menores que causen los destrozos paguen las infracciones.

Belloch reconoció que el método propuesto por Interior puede tener defectos, pero subrayó que "si se puede alcanzar una regulación compatible con el respeto a los derechos constitucionales", los socialistas apoyarán las iniciativas del Gobierno.

También el portavoz del PNV en el Congreso, Iñaki Anasagasti, apoyó el proyecto que, en su opinión, no viola "ninguna intimidad, porque se trata de proteger a los ciudadanos con el Código Penal en la mano y respetando sus derechos".

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) se sumó a la iniciativa del Gobierno, ya que, según explicó su secretario general, Álvaro de la Cruz, la situación en el País Vasco es de "excepcionalidad" y requiere "medidas excepcionales".

Legitimidad cuestionada

En el ámbito judicial, se enfrentan dos opiniones sobre la legitimidad del proyecto. El presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Ramón Rodríguez Arribas, manifestó a Servimedia que no cree que el proyecto suponga una vulneración de derechos, pero matizó que el uso de las imágenes obtenidas deberá estar sometido a un control judicial. La misma opinión se expresó desde la Asociación Francisco de Vitoria. Sin embargo, el portavoz de Jueces para la Democracia, José Antonio Alonso, señaló que las "estrictas" medidas "plantean serios problemas de legalidad y de eficacia".La oposición política a la fórmula llegó desde Izquierda Unida. El coordinador en Euskadi, Javier, Madrazo, afirmó que su grupo se opondrá "una y otra vez" a la aprobación de estas medidas, que calificó de "inútiles", informa Eva Larrauri. El coordinador general de la coalición, Julio Anguita, afirmó que las grabaciones "conculcarían principios de libertades" y supondrían que la vida ciudadana estuviera "controlada y vigilada".