Estevill cobró comisiones por la venta de un edificio al Gobierno catalán cuando era juez

El ex juez Luis Pascual Estevilln cobró 13 millones de pesetas procedentes de una comisión inmobiliaria, por la venta de un edificio al Instituto Catalán del Suelo, entidad que depende del Gobierno catalán, según un informe elaborado por la Fiscalía Anticorrupción. Los pagos, detectados por Hacienda, se produjeron mientras era juez en Terrassa (Barcelona), a pesar de que esta actuación está expresamente prohibida por la Ley Orgánica del Poder Judicial. Este informe figura en la causa especial abierta contra Pascual Estevill por delito fiscal en el Supremo.

El ex juez y ex representante de CiU en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), condenado por un delito continuado de prevaricación y dos de detención ¡legal, se embolsó parte de la comisión por la venta de un inmueble -que costó 730 millones de pesetas- al Instituto Catalán del Suelo (ICS). El ICS es un organismo dependiente de la Generalitat de Cataluña que instaló en el edificio unas oficinas públicas del Gobierno catalán.Esta vinculación entre el ex juez y una operación inmobiliaria de la Generalitat fue descubierta por la Agencia Tributaria de Cataluña en diversas inspecciones fiscales efectuadas en la sociedad vendedora del inmueble: Misurasata. Esta compañía vendió el edificio el 13 de diciembre de 1990. El inmueble se halla radicado en la avenida del Paral.lel, número 71-73, de Barcelona, antigua sede de la tienda de electrodomésticos Coesa, donde actualmente se hallan las dependencias de Transportes del Departamento de Política Territorial y Obras Publicas de la Generalitat.

Intermediación

La compraventa se cerró por un valor global de 730 millones de pesetas y, según consta en el informe de Hacienda, generó unas comisiones de 90 millones de pesetas para los intermediarios, que fueron pagados por el vendedor. De esta comisión, 13 millones llegaron a una cuenta de Luis Pascual Estevill en la Caixa d'Estalvis de Terrassa, en forma de talones de un millón cada uno. Pascual Estevill tomó posesión de su primer juzgado en Terrassa -era magistrado por la vía del cuarto turno- el 28 de junio de 1990.

El artículo 389 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece entre las incompatibilidades para los magistrados jueces "el asesoramiento jurídico, sea o no retribuido", y también el "ejercicio de toda actividad mercantil por sí o por otro". También el Código Penal establece suspensión y multa para los jueces "que se mezclaren con actividades de agio, tráfico o granjería".

Esta circunstancia ha llevado al fiscal anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, a interesarse por la operación descubierta por Hacienda. El fiscal ha requerido a Joaquín Martín Canivell, instructor de la causa por presunto delito fiscal contra Estevill, que se investiguen los detalles que lo relacionan con la operación inmobiliaria.

El alcance de estas investigaciones incluye a las sociedades compradora y vendedora, y a quienes cobraron por la mediación.. Según el informe de la Agencia Tributaria, Luis de Patricio Sala percibió 77 millones de pesetas procedentes de la venta del inmueble y Luis Pascual Estevill obtuvo los 13 millones restantes hasta el total de 90 millones.

Cuentas corrientes

El fiscal propone en su informe que se investiguen los movimientos de dos cuentas corrientes relacionadas con Pascual Estevill en la Caixa d'Estalvis de Terrassa, cuya existencia no era conocida hasta ahora. La fiscalía está investigando una veintena larga de cuentas corrientes del ex juez para establecer la existencia de algún tipo de delito fiscal.

En ellas figuran ingresos en efectivo y en forma de talones o letras por valor de 750 millones durante los años en que ejerció como magistrado.

El informe de la Agencia Tributaría es de una precisión ejemplar, ya que relaciona el pago de la comisión inmobiliaria por 90 millones y su canje por 90 cheques de un millón de pesetas cada uno y facilita incluso los números de cada uno de estos cheques garantizados por la Caixa d'Estalvis de Terrassa que fueron a parar a cuentas de Luis Pascual Estevill.

La sentencia emitida por el Supremo contra Estevill que le condena a seis años de inhabilitación motivó que cesara de sus funciones como vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y, por tanto, la pérdida de aforamiento, con lo que las causas especiales abiertas podrían ser remitidas a tribunales catalanes.