Los jueces de Euskadi instruyen casi 700 procesos por delitos de violencia callejera

La Consejería de Justicia del Gobierno vasco estima que durante los próximos años se celebrarán más de 700 juicios por delitos relacionados con la violencia callejera perpetrados desde principios de 1995, fecha en la que el entorno político de ETA intensificó las algaradas. El viceconsejero de Justicia, Iñaki Sánchez, ha revelado que las diferentes fiscalías de Euskadi han presentado más de 300 escritos de acusación, por hechos relacionados con la violencia urbana sucedidos en Guipúzcoa, más de 200 en Vizcaya y un número algo menor en Álava.

El Departamento de Justicia del Gobierno vasco, del que es titular el líder del PSE-PSOE, Ramón Jáuregui, considera que para frenar la sensación de impunidad "no hay que buscar sentencias ejemplarízantes con condenas abultadas", sino "sancionar los delitos cuanto antes, aproximar las sentencias al momento en que se producen los hechos".La polémica se ha reavivado en el País Vasco con la sentencia de seis años de prisión e indemnización de 75 millones dictada por la Sección Tercera de la Audiencia de San Sebastián contra tres jóvenes que abrasaron vivos en 1995 a cinc ertzainas en un atentado con bombas incendiarias en Rentería (Guipúzcoa). La sentencia ha puesto sobre la mesa de nuevo cierta sensación social de que los grupos de alborotado res radicales actúan con total impunidad.

Un 29% de vascos opina que la seguridad, sobre todo en lo relacionado con la violencia callejera, ha empeorado, lo que supone un incremento de nueve puntos, según datos oficiales.

Desde la Consejería de Interior se considera que este tipo de sentencias condenatorias, con penas muy alejadas de la petición fiscal -en el caso de Rentería, 335 años de prisión-, abren la puerta de par en par a más sucesos de este tipo y dan alas a los jóvenes al borotadores a seguir por ese camino ante la sensación de que sus acciones les salen casi gratis.

Jueces cuestionados

Algunos sindicatos de la Ertzaintza (policía autónoma vasca) han dado un paso más y han cuestionado, incluso, la capacidad de los jueces vascos para dictar sentencias libre mente bajo el condicionamiento del miedo.En medios gubernamentales y judiciales del País Vasco se admite que la recurrente polémica sobre hechos de vandalismo callejero con resultados muy llamativos -un caso similarse produjo con la sentencia dictada por la Audiencia de Bilbao por la paliza al ertzaina Ander Susaeta durante las fiestas de Bilbao de 1993- y la eterna disyuntiva entre sentencias justas y sentencias ejemplarizantes no facilita la persecución de este tipo de delitos.

Lo cierto es que desde que el entorno político de ETA -Jarrai, Herri Batasuna (HB) y otras organizaciones- intensificó el frente callejero en los primeros meses de 1995, los delitos relacionados con alterca dos y disturbios se han disparado. Según un informe oficial presentado por la Consejería del Interior ante la Comisión Vas-ca de Seguridad en marzo de este año, el número de sabotajes (actos de destrucción planificados) ha pasado de 243 en 1994 a 581 en 1995.

Los objetivos más habituales son la Ertzairitza (patrullas o coches privados) y las sucursales bancarias. Los datos de incidentes, es decir, actos dedestrucción vinculados a manifestaciones o protestas, han crecido también, al pasar en el mismo periodo de 138 a 308. Sólo en 1995, la Ertzaintza detuvo a 648 personas acusadas de delitos corno atentados contra agentes de la autoridad, desórdenes públicos, insultos, lesiones y otros relacionadoscon la violencia callejera, según datos oficiales.

El viceconsejero de Justicia del Ejecutivo autónomo, el socialista lhaki Sánchez, ante la magnitud de los datos, admite que en el peloteo de responsabilidades entre instituciones, los jueces, pero también la policía -con algunas actuaciones bastante polémicas, como las intervenciones en las contramanifestaciones de HB frente a las concentraciones pacifistas-, se llevan la peor parte.

"El fenómeno de la violencia callejera, las contramanifestaciones, nos sorprendió a todos y la virulencia con la que los hemos vivido desde 1995 ha generado una sensación entre los ciudadanos de impunidad y de impotencia que ha finalizado en un linchamiento moral de la justicia", indica Sánchez.

Para contrarrestar la imagen de inoperancia, la Consejería de Justicia ha recopilado datos sobre la actuación de los tribunales ante estos hechos. "Los fiscales han presentado más de 200 escritos de acusación por estos delitos en Vizcaya, algo menos en Alava y más de 300 en Guipúzcoa. Para los próximos años, serán más de 700 los juicios que se celebren por estos hechos", estima el viceconsejero.

Juicios en marcha

Los juicios, de hecho, se están realizando ya. En lo que va de año, en Guipúzcoa, la provincia más afectada por la violencia callejera, se han celebrado ya 31 juicios, con 57 acusados. De las resoluciones, 27 han sido condenatorias y cuatro absolutorias. Sánchez admite que las penas suelen ser menores. La mayoría, en torno a seis meses, aunque también hay algunas de un año y hasta de dos, por lo que los jóvenes no llegan a entrar en prisión.El viceconsejero de Justicia no cree en la necesidad de penas abultadas ni de reformar el Código Penal para cargar de años este tipo de delitos. "Ni más delitos ni más penas", afirma. "l_as reformas tendrían que ir más dirigidas a actualizar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para generalizar los juicio rápidos de estos delitos, que no son complejos',.

En Álava, la menor acumulación de casos ha permitido que delitos de este tipo tengan su correspondiente respuesta penal a pocos meses de producidos los hechos, eso sí, la mayoría con penas bajas. Pero el viceconsejero Sánchez cree necesario "desterrar la idea de que estas conductas les salen gratis a los alborotadores, porque si vuelven a delinquir tendrán antecedentes e irá a prisión".