Derechos pisoteados

LA EXPULSIÓN de un grupo de 103 inmigrantes ilegales africanos residentes en Melilla el pasado mes de' junio no será recordada como modelo de actuación administrativa. La exhaustiva investigación llevada a cabo por el Defensor del Pueblo demuestra. que se vulneraron la mayor parte de los procedimientos previstos en la Ley de Extranjería. No sorprende, dada la forma expeditiva y masiva con que se llevó a efecto.Pero la confirmación de que los inmigrantes fueron drogados sin su conocimiento para vencer su resistencia, hace del caso algo más que una violación de los procedimientos. Es una vulneración de los derechos de la persona con posible incidencia en el Código Penal. De ahí la gravedad de la denuncia del Sindicato Unificado de Policía (SUP) ante el Defensor del Pueblo. Según el SUP, el agua proporcionada a los inmigrantes fue mezclada con Haloperidol, un fármaco de fuerte efecto sedante, con el evidente propósito de quebrar cualquier intento de resistencia o de protesta de su parte y facilitar de ese modo la expulsión. La Dirección General de la Policía ha anunciado una investigación de los hechos. Es bueno que lo haga, pero no basta. Como tampoco es suficiente la intervención del Defensor del Pueblo. Unos hechos de tal gravedad exigen la actuación del ministerio fiscal. Con seguridad hay quienes tienen la tentación de la condescendencia en este caso. Y también quienes no perciben siquiera la vileza de la actuación de unos policías que abusaron de unas personas indefensas a quienes la desesperación condujo a nuestro país. Habrá que recordarles que quienes muestran en su actuación tal desprecio hacia, unos seres humanos y hacia las leyes de su país no pueden ser buenos funcionarios. Desprestigian a las instituciones y violan no sólo los derechos de los desafortunados inmigrantes africanos expulsados, sino de todos nosotros.