HB ante el juez

LA DECISIÓN del Tribunal Supremo de citar como imputados, en un supuesto delito de colaboración con banda armada, a todos los miembros de la llamada Mesa Nacional de Herri Batasuna es una prueba de la creciente decisión de la justicia en la, defensa de la legalidad y de la propia democracia frente a quienes utilizan el crimen como instrumento y capital político. El motivo de la citación a los 25 miembros de la dirección de HB es la pretensión de la coalición de emitir en su espacio electoral un vídeo de: ETA en el que tres encapuchados ármados exponían. las tesis de la banda terrorista y leían sendos comunicados en los que se justificaban los asesinatos de Fernando Múgica y Francisco Tomás y Valiente.En estos casos, instruidos en su día por el juez Baltasar Garzón, el Tribunal Supremo ve claros indicios de colaboración con banda armada. Aunque será la Sala Segunda la que habrá de sentenciar a la vista de las pruebas, pocas dudas caben sobre el hecho de que HB no sólo simpatiza con el terrorismo, sino que actúa como un elemento instigador, coordinador y ejecutor. Era ya hora de que, la justicia abriera una causa contra los responsables de una coalición que abiertamente actúa como parte instrumental, necesaria y voluntaria del terrorismo. Parte fundamental de la actividad de ETA es la difusión amenazadora de sus comunicados y bravuconadas, con el, objetivo precisamente de amedrentar a los ciudadanos e imponer la ley de la fuerza, sobre la ley democrática. Es del todo lógico que empiece a prosperar la tipificación jurídica de las actividades de apoyo propagandístico como colaboración con banda armada, en vez de apología del terrorismo, de imprecisa definición y demostración.

Durante demasiado tiempo, el denominado entorno político de ETA ha gozado de una sensación de impunidad que ha fomentado la subcultura de la violencia en ciertos sectores tan minoritarios como activos de la sociedad vasca.

Reinstaurar con claros criterios la vigencia de la ley y la vigilancia de su cumplimiento no es un error político" como calificaban ayer algunos políticos vascos la decisión del Supremo. Durante la pasada campaña electoral aseguraron que la prohibición del vídeo y el encarcelamiento de Jon Idígoras, como responsable de su difusión, servían de propaganda electoral para HB. Ahora dicen que la citación judicial de los miembros de la mesa de la coalición puede contribuir a un verano caliente en el País Vasco. Pero no es así, el peor error político sería pretender que las leyes se aplican de forma condicional y discriminatoria, creando permanentemente una situación de impunidad que proporciona armas morales a los terroristas.

La dirección de HB tendrá ocasión de explicar ahora a los jueces de quién partió la pretensión de utilizar un espacio electoral con este fin, si la decisión fue tomada por ETA, por HB, o por lo que muchos sospechan por una dirección colegiada. En todo caso, la decisión del , Tribunal Supremo es una buena noticia porque reafirma a los demócratas en la percepción de que cuentan con instrumentos para hacer frente al crimen y advierte a los violentos de que la impunidad pertenece al pasado.