La dirección del PP niega su intervención antes de 1990 en las cuentas de Baleares

La dirección nacional del PP no quiere saber nada sobre lo ocurrido en Baleares durante el reinado en las islas de Gabriel Cañellas, el ex presidente autonómico que dimitió hace un año por sus presuntas implicaciones en el cohecho del caso Sóller.Desde la sede central del partido se precisó incluso que aquel feudo escapaba en ese tiempo de su control financiero. "Hasta 1990, por las limitaciones de la estructura contable de Alianza Popular y, posteriormente del Partido Popular, no se tuvo capacidad técnica y material para integrar las cuentas de las sedes provinciales y regionales, situación que se corrigió a instancias del Tribunal de Cuentas en dicho ejercicio", relataba ayer el segundo punto de un comunicado oficial de la dirección nacional del PP.

Según la investigación judicial del caso, el escándalo por el presunto cobro de comisiones ilegales por la concesión de las obras de un túnel de peaje en Sóller se produjo en 1988 y unos 40 millones de pesetas de esas comisiones llegaron a las arcas del PP. Gabriel Cañellas precisó ayer que en su declaración ante el juez que investiga el asunto no implicó a la dirección del partido, sino que se limitó a responder que el entonces gerente del PP en Baleares, el actual consejero José Antonio Berastáin, fue nombrado por la estructura nacional en Madrid, de donde cobraba su nómina.

Desmentir a Cañellas

El vicepresidente primero del Gobierno y secretario general del PP, Francisco Álvarez Cascos, no tardó mucho en descalificar las insinuaciones efectuadas el martes por Cañellas en su primera declaración judicial como imputado en el caso y aseguró que "el PP, en ningún sitio de España, ha utilizado métodos irregulares de financiación, lo diga quien lo diga".El PP aprovechó ayer la estela de la polémica de la financiación del partido en Baleares para desmarcarse de todo lo que haya podido ocurrir en sus estructuras provinciales y regionales antes de 1990. En este sentido, la dirección del partido apuntó también ayer que en aplicación de la ley de 1987 sobre financiación de los partidos, tanto AP como el PP, han remitido siempre y completas sus contabilidades anuales al Tribunal de Cuentas.

La dirección del PP sí reconoció ayer que, precisamente por las exigencias del Tribunal de Cuentas sobre un mayor control de las contabilidades de los partidos en sus departamentos provinciales y regionales, se decidió variar el sistema interno de fiscalización a partir de 1990.

La dirección del PP acordó en febrero de ese año aplicar un programa propio de auditorías internas que, al parecer, se ha intentando perfeccionar en los siguientes ejercicios. Este nuevo sistema de control ha permitido a la dirección nacional del partido "comprobar el grado de cumplimiento, a todos los niveles de la organización, de las directrices marcadas por el Tribunal de Cuentas".