PSOE y PP rechazan que los vigilantes de zona azul impongan multas

Los grupos parlamentarios del PP y del PSOE han dado la espalda a la petición de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) de otorgar a los vigilantes de aparcamientos en zona azul facultades sancionadoras. En sus enmiendas a la Ley de Seguridad Vial, la Comisión Ejecutiva de la FEMP propuso, a mediados de mayo pasado, reforzar el valor probatorio de las denuncias de los controladores de zonas azules y equipararlas a las de los agentes públicos de seguridad.

La idea era "favorecer, una mayor distribución del espacio público entre el mayor número posible de usuarios", La jurisprudencia de los tribunales superiores de justicia autonómicos se ha pronunciado contra estas multas.Tanto el PP como el PSOE han rechazado respaldar la enmienda, que sí cuenta, sin embargo, con el aval de la Minoría Catalana (CiU). Para el diputado socialista por Asturias Álvaro Cuesta, el asentimiento de los dos grupos políticos a que los vigilantes de las zonas azules dispongan de facultades sancionadoras chocaría con la Ley de Régimen Local, que sólo atribuye estas competencias a las policías locales en el ámbito urbano, y con la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que las otorga a la Guardia Civil en las carreteras. Esta discrepancia carece de color político. PSOE y PP discrepan con los ediles de sus respectivos partidos.

Alcaldes unidos

Tanto la presidenta de la Federación de Municipios y Provincias, Rita Barberá, del PP, como los alcaldes del San Sebastián (Odón Elorza), Lleida. (Antoni Siuriana) o Gijón (José Vicente Areces), todos ellos del PSOE, reclamaban el poder dotar a los vigilantes de los aparcamientos con horario limitado de imponer sanciones con la misma facultad probatoria que las de los agentes públicos. Por su parte, Izquierda Unida ha propuesto que no sea delito la negativa a someterse a las pruebas de alcoholemia o la comprobación de influencia de drogas tóxicas, así como la supresión del artículo 380 del nuevo Código Penal. Este artículo considera delito de desobediencia grave rehusar esta comprobación, que lleva implícita una multa de hasta 100.000 pesetas. IU considera que se vulneran los derechos fundamentales a no declarar y a no declarar contra sí mismo.