Acabar con una guerra interminable

, "Llevamos 35 años de guerra y no hay vencedores ni vencidos. Si la paz no se firma ahora, esto puede seguir otros 35 años". Este argumento, de un dirigente de los refugiados, es compartido por la inmensa mayoría de sus compatriotas, que se niegan a ser testigos del aumento de las cifras de la barbarie: 100.000 muertos y 40.000 desaparecidos. La hora de la paz ha llegado a Guatemala, el único país centroamericano donde persiste un conflicto armado. El diálogo entre el Gobierno y la Unidad Nacional Revolucionaria Guatemalteca (URNG) ha avanzado a ritmo trepidante desde que en enero el conservador Alvaro Arzú asumió la presidencia.

Los optimistas confían en los pronósticos gubernamentales que estiman que la firma de la paz definitiva será este otoño. Algunos observadores internacionales creen que la luna de miel que en primavera vivieron el Ejecutivo y los rebeldes ha terminado. Los frutos de esta relación tan estrecha fueron la reunión secreta que Arzú y la comandancia guerrillera celebraron en febrero, el alto el fuego decretado después por ambas partes y la firma del acuerdo sobre la propiedad de la tierra, que llevaba más de un año sobre la mesa.

Reacción militar

Las espinosas cuestiones que centran ahora las negociaciones son la depuración del Ejército, la delimitación de sus funciones y la reincorporación de la guerrilla a la vida civil. La reacción de los militares a la reducción de sus efectivos aún provoca inquietud en algunos sectores. El representante del ACNUR, Carlos Boggio, opina que "será el gran test", mientras alaba la actual consigna de respeto a los derechos humanos.De dónde saldrá el dinero para pagar la paz es otra prueba de fuego a la que se enfrenta Arzú. El precio de convertir lo acordado sobre el papel en algo tangible es muy alto: 2.300 millones de dólares (casi 300.000 millones de pesetas), según las estimaciones. El Gobierno confía en la ayuda de la comunidad internacional y de los países mediadores (España, Venezuela, Noruega, Colombia y EE UU) para reformar las instituciones, comprar tierras y construir carreteras. El mensaje enviado a las autoridades guatemaltecas desde el extranjero es que la mitad de la financiación deberá salir del bolsillo guatemalteco. Algunas de las medidas que se barajan para la financiación de la paz son el aumento de los impuestos, que ahora son de los más bajos de Latinoamérica, y la privatización de empresas estatales.