La enseñanza de la religión

El anuncio del Ministerio de Educación de dar de nuevo valor académico a la enseñanza de la religión no es sorprendente, de hecho es algo que se veía venir desde antes de que el PP llegara al Ejecutivo, y no han tardado mucho en plasmar sus preferencias. Su excusa, el artículo 27.3. de la Constitución y la "fuerte" demanda de una sociedad mayoritariamente católica.Sin embargo, ni una cosa ni otra sirven realmente para justificar dicha decisión. Los miembros del PP en el Gobierno son, según el artículo 16.3, representantes de un Estado aconfesional y, por tanto, cuando actúan como gobernantes deben atenerse a este principio. El artículo 27.3 sólo establece que los padres tienen derecho a que sus hijos reciban formación religiosa según sus creencias (algo que ya existe, puesto que quien lo desea recibe dicha formación, al menos en lo que a los católicos se refiere), pero lo que esto no implica es que, dentro de un plan de enseñanza pública, diseñada desde un Gobierno que como tal no puede mantener una línea confesional, se le dé valor académico. Este hecho sí que sería realmente grave, puesto que, al introducir la religión como un elemento más de la valoración académica, obliga a aquellos que no opten por ella a tener otra asignatura, también valorable y que, de otra manera, no tendrían que recibir.

La aconfesionalidad en la enseñanza pública, como reflejo de ese artículo 16.3, está garantizada por la no valoración de la religión en el expediente académico de cualquier estudiante español, y el deber de un Gobierno debe ser mantener esa neutralidad, independientemente de sus creencias religiosas a nivel individual o de partido (a un Gobierno de signo laicista le obligaría el artículo 27.3); lo contrario es ceder a los intereses de una institución como la Iglesia católica, que, siendo muy comprensibles y respetables, suele hablar en nombre de todos y gusta de interferir en lo que es del César recordando, tal vez, tiempos pasados en que los fines de ésta difícilmente se distinguían de los del Estado. .