Un consejero niega al juez del 'caso Sóller' que llevara la 'caja B' del PP
El ex secretario general del PP de Baleares y actual consejero del Gobierno balear José Antonio Berastáin negó ayer ante el juez del caso Sòller, Juan López Gayá, haber manejado en 1989 los pagos del partido efectuados con cheques y talones bancarios procedentes de supuestas comisiones -50 millones de pesetas-, librados al PP por el empresario Antonio Cuart, que obtuvo en 1988 la concesión del túnel de peaje de Sóller.
El PP reiteró ayer la validez de los documentos de sus cuentas oficiales, en los que no constan los ingresos y gastos atribuidos a comisiones ilegales detectadas por la policía y Hacienda. Los indicios y elementos de prueba acumulados en la instrucción apuntan, según fuentes de la investigación, a la existencia de una posible caja B o contabilidad oculta para campañas electorales y pagos a políticos.Con dinero aparentemente del caso Sòller se retribuyó a proveedores del PP y a dos políticos tránsfugas, aliados del Gobierno conservador insular. Un cheque de un millón de pesetas fue manejado por un familiar de Berastáin y otro de 1,6 millones fue ingresado en la Fundación Illes Balears, impulsada por el ex presidente autonómico Gabriel Cañellas, del PP.
Berastáin declaró por primera vez durante más de dos horas como imputado por el fiscal por un presunto delito de cohecho vinculado a otro de prevaricación. Por estos cargos deberá comparecer el día 16 de julio Gabriel Cañellas, destituido por José María Aznar en julio de 1995 por el alcance público de este asunto.
El consejero balear rechazó contestar a la batería de preguntas preparada por el letrado Josep Valdés, de Izquierda Unida, que ejerce la acusación particular, alegando que esta formación pretende promover con este escándalo de presunta corrupción "un juicio político paralelo".
El juez López Gayá cree que las responsabilidades del caso están aún por determinar. "La pelota sigue en el tejado", dijo. Mientras, las defensas del PP y de Berastáin quedaron satisfechas. El letrado de los conservadores, Rafael Perera, no consideró duro, sino "más bien superficial" el interrogatorio.
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