Montaner pide al PSOE "un tratamiento, análogo" al de Barrionuevo

Jaime Montaner, acusado por el fiscal de, cohecho y prevaricación, pidió ayer al PSOE "un tratamiento análogo" al recibido, por otros socialistas implicados en casos judiciales como José Barrionuevo. Mientras, la Junta de Andalucía ha descargado toda la responsabilidad del caso Gil en el que fuera asesor urbanístico del Ayuntamiento, Rafael Salinas, hermano del ex vicepresidente de la Junta José Miguel Salinas. En su comparecencia parlamentaria para explicar la tramitación del PGOU de Marbella, el actual consejero de Obras Públicas, Francisco Vallejo, exoneró a su antecesor Jaime Montaner.

Jaime Montaner solicitó ayer al PSOE que le recete la misma medicina que la que prescribe para otros. "Reivindico un tratamiento análogo al de José Barrionuevo o al de otros militantes", dijo Montaner. La ejecutiva socialista intentó de nuevo que el ex consejero dimitiera voluntariamente de sus cargos públicos, hecho al que se resiste Jaime Montaner a la espera de que sea el socio mayoritario de Cartuja 93 (la Junta de Andalucía) quien proponga oficialmente su cese. Francisco Vallejo repasó en su comparecencia parlamentaria ayer el complicado proceso de aprobación del Plan General de Ordenación Urbana de Marbella, cuyos trabajos se prolongaron durante ocho años, entre 1982 y 1990, cuando el consejero de Política Territorial tenía las competencias para la aprobación de los planes urbanísticos de las ciudades de más de 510.000 habitantes. Vallejo concluyó que en la tramitación del PGOU, incluidas las modificaciones de edificabilidad en el polígono Los Cipreses, "se respetó toda la normativa vigente".La aprobación inicial del Ayuntamiento preveía para Los Cipreses un volumen de edificabilidad de 0,9 metros de techo por metro cuadrado de superficie y reducía la altura a sólo cuatro plantas. Gil recurrió porque se consideraba discriminado respecto al trato dado a las fincas colindantes. La Consejería de Política Territorial decretó que se suspendieran las determinaciones del Ayuntamiento "para dar homogeneidad".

El Ayuntamiento, en junio de 1986, rectificó a un metro de altura por metro cuadrado de superficie. Gil volvió a recurrir a la Junta de Andalucía, solicitando 1,5 metros de altura, que la construcción se hiciera mediante estudio de detalle y que recibiera tratamiento de edificación plurifamiliar exenta. En octubre de 1986, la consejería resolvió a favor de Gil. El supuesto pago de 85 millones de pesetas lo hizo el hoy alcalde de Marbella en julio.

Mientras exculpaba a Montaner, Vallejo señaló que el asesor jurídico de urbanismo de Marbella, Rafael Salinas, "malinterpretó una resolución del consejero" sobre altura y número de plantas permitido en Los Cipreses.

En ningún momento citó el nombre de Salinas ni hizo alusión alguna al posible cobro de comisiones a Gil, pero indicó que el asesor, "ocultando una parte de la resolución del consejero". emitió un informe favorable a las pretensiones de Gil que elevó a la comisión de gobierno del Ayuntamiento. Esta lo aprobó y el dictamen sirvió a su vez de base jurídica para la resolución final del consejero.

Rafael Salinas, hermano del que era vicepresidente de la Junta en esa época, es uno de los acusados por el fiscal de la presunta extorsión a Gil junto a su padre, el abogado José Salinas, y su cuñado Higinio Garrido Ramos.

Administrador del PSOE

Según un acta notarial que hizo levantar Gil, el padre del ex vicepresidente de la Junta recibió varios talones por un valor total de 85 millones. El rastreo de los talones ha permitido comprobar que dos de ellos (20 millones) fueron a manos de Antonio Prieto Durán, que era un alto funcionario de la vicepresidencia y administrador electoral del PSOE.La oposición no creyó el argumento de Vallejo. PP e IU estuvieron de acuerdo con él en que todo el trámite del PGOU se ajustó a la legalidad, aunque en palabras del portavoz de IU, Luis Carlos Rejón, "en este caso se ha comprado la legalidad", pero no comparten el descargo de responsabilidad exclusivamente en Rafael Salinas.

Rejón esgrimió dos informes contradictorios de la consejería de Política Territorial emitidos con sólo 12 días de diferencia. El 1 de octubre de 1986, se informaba que la pretensiones de Gil "no eran competencia de la consejería" que sí podía entender de altura y plantas, pero no del volumen de edificabilidad.

En este dictamen, "se entiende que el recurso no puede informarse en sentido favorable, ya que la petición del interesado se encuentra pendiente de la decisión municipal". El 13 de octubre, sin embargo, se emite otro informe en el que esta vez Urbanismo "entiende que ha de tenerse en cuenta la necesidad de incluir en el cumplimiento de la resolución las determinaciones alegadas por el recurrente".