Mendez y Gutiérrez culpan al Gobierno y a Pujol de alentar un proceso de tensión y movilizaciones

Los principales dirigentes sindicales responsabilizaron ayer al Gobierno del PP y a su socio Jordi Pujol de alentar un proceso de tensión y movilizaciones. El líder de CC OO, Antonio Gutiérrez, dijo que es el Ejecutivo "el que está alimentando las expectativas de conflictividad". El dirigente ugetista de la función pública Julio Lacuerda dejaba "en manos del Gobierno" y de sus medidas, el nivel de respuesta sindical. Y el secretario general de UGT, Cándido Méndez, hacia extensiva la responsabilidad a Jordi Pujol por "espolear un ajuste drástico" y por pretender erigirse en "el Dios tutelar del Gobierno".

Los sindicatos CC OO y UGT están en alerta ante las medidas aplicadas o anunciadas por el Gobierno. El plan de privatizaciones y el anuncio de congelar o subir en torno al 1% los sueldos de los funcionarios han provocado las primeras movilizaciones, que se abrirán el próximo día 10 con una concentración de delegados en Madrid en defensa de lo público y que irá seguida de otras protestas aún no concretadas. En ella participarán los representantes de los sectores y empresas afectados: empleados públicos, sanidad, enseñanza, transportes, metal y químicas. Esa primera protesta fue preparada ayer en una reunión de Antonio Gutiérrez y Cándido Méndez con los principales responsables de las federaciones de UGT y CC OO del sector público, que han suscrito una declaración formal "en defensa de los servicios públicos" y el compromiso de reforzar aún más la unidad de acción.Pero esas movilizaciones de protesta se harán compatibles con el diálogo social y los sindicatos seguirán en las otras mesas de negociación abiertas. Antonio Gutiérrez lo justificaba ayer así: "La disyuntiva de o todo acuerdos o todo conflictos es irracional. Cuando expresamos nuestro rechazo a las privatizaciones, pretendemos que no se culminen las tropelías ni trituren derechos sociales". Cándido Méndez añadía que "el diálogo y el conflicto son las dos caras que coexisten en todo sistema democrático" y subrayaba el acierto de haber optado por un modelo de diálogo en el que se aborda cada tema por separado, en lugar de un pacto global que ahora se confirma imposible.

Sobre una de los temas más conflictivos suscitados en las últimas semanas hablaba ayer el vicepresidente y ministro de Economía. Rodrigo Rato afirmó que el Gobierno no pondrá en marcha medidas para abaratar el coste del despido, porque éste es un asunto que en principio deben consensuar los agentes sociales. A criterio de Rato, el Gobierno ha de mantener el tono del diálogo social de los dos últimos años y sobre esta base articular nuevas propuestas siempre ajustadas a la Constitución.

Rato y el despido

Frente a las urgencias de abaratar el despido, planteadas desde algunos sectores empresariales, el Gobierno no sólo desplaza la responsabilidad a las partes -patronal y sindicatos- si no que además se plantea serias dudas sobre la viabilidad de las fórmulas barajadas por los empresarios como el contrato estable con viente días de indemnización por despido. Rato desautorizó el polémico contrato estable defendiendo la causalidad en el despido: "La causalidad en el despido es básica desde el punto de vista del derecho laboral y es importante que nuestras decisiones se ajusten al derecho constitucionál", afirmó en el curso de una entrevista emitida ayer por el canal, TV3. El vicepresidente confirmó que el Consejo de Ministros aprobará en su reunión de hoy el plan bienal para combatir el fraude fiscal.Miguel Roca, dirigente de Convergècia i Unio (CiU), mostró un criterio similar sobre el despido. En El Escorial dijo: "La posición del Gobierno no debe ser la de abaratar el empleo, sino la de generar más trabajo". Roca cree necesario buscar "mecanismos que hagan más flexible la contratación y que, al mismo tiempo, den más estabilidad", y recordó que el consumo actual se resiente principalmente por la precariedad en el empleo. Su receta para conseguir la estabilidad es "incrementar las ayudas a la inversión y garantizar al mundo empresarial que el empleo se adapta a la productividad".

Menos contemporizadoras fueron las declaraciones de otro socio del PP, el presidente de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC), Josep Antoni Durán i Lleida, quien manifestó también en El Escorial que "el diálogo social debe servir para reorientar la actitud de los sindicatos, pero no debe ser obstáculo para que el Gobierno haga lo que tiene que hacer".

Durán precisó que "el diálogo es necesario, aunque los sindicatos deben ser conscientes de que hay que buscar formas para relucir el déficit". Además, apoyó la necesidad de "una reducción presupuestaria que liberalice recursos y permita hacer una política de apoyo a quienes realmente son capaces de crear puestos de trabajo".