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El consejero de Obras Públicas de la Junta de Andalucía será el único que único que explique el 'caso Gil'

El consejero de Obras Públcas de la Junta de Andalucía, el socialista. Francisco Vallejo, será el único que dará explicaciones mañana en la Cámara andaluza sobre la presunta extorsión en 1986 a Jesús Gil. Los votos en contra del PSOE y del Partido Andalucista (PA) evitaron ayer que el presidente de la Junta, Manuel Chaves, explique los hechos que han originado la denuncia judicial contra ex altos cargos socialistas. El portavoz socialista, José Caballos, reprochó a los populares que intenten "blanquear" políticamente a Jesús Gil al dar crédito a su denuncia y les acusó de intentar dañar a Chaves.

Vallejo comparecerá mañana en la comisión de Política Territorial e Infraestructuras. El consejero tendrá que explicar los cambios realizados en 1986 sobre el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella y las resoluciones que modificaron los coeficientes de edificabilidad de la finca Los Cipreses, propiedad de Gil, por las que el ahora alcalde de Marbella pagó 85 millones en comisiones, presuntamente a dirigentes socialistas.Las explicaciones de Vallejo serán las únicas que ofrezca por el momento la Junta sobre el presunto caso de extorsión denunciado por la Fiscalía Anticorrupción. Los votos en contra del PSOE y del PA impidieron que se aprobaran sendas peticiones de Izquierda Unida y del Partido Popular para que fuera Chaves quien explicara los hechos que han originado la querella, aunque entonces no presidía el Ejecutivo, y que los imputados comparecieran ante una comisión.

El acuerdo se tomó en la Diputación Permanente de la Cámara. Los dos grupos vetaron también la petición del PP para habilitar en julio sesiones de la Comisión de Seguimiento y Control de la Financiación de los Partidos Políticos. IU ha solicitado la apertura de una comisión de investigación, decisión que se adoptará en septiembre.

"Falta de credibilidad"

Caballos se refirió en el debate a la falta de Gil, a quien "mueven intereses espurios" y que ha conseguido desviar la atención" sobre asuntos que le afectan "con una operación política de ataque al sistema de partidos". El portavoz socialista afirmó que el único que tiene que dar explicaciones en la Cámara es el actual consejero de Obras Públicas, Francisco Vallejo, en cuyo poder se encuentra el expediente de recalificación de los terrenos.Caballos agregó que Chaves "ni era presidente ni secretario general del PSOE andaluz" cuando ocurrieron los hechos. "Yo tengo todo el interés del mundo en eliminar al señor Gil de la vida pública", aseguró Caballos, quien ofreció al PP un pacto para desbancar a su formación, el Grupo Independiente Liberal (GIL), de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental y de la Diputación de Málaga.

El tono del debate subió cuando Manuel Atencia, portavoz del PP, acusé al PSOE de actuar con "hipocresía" por "llamar ahora fascista a Jesús Gil, cuando han hecho con él negocios o le han extorsionado". Atencia basó la petición de comparecencia de Chaves en que "lo que está en duda es el crédito de la Junta", y llamó la atención al PSOE sobre el hecho de que "quien ha formulado la querella es la Fiscalía Anticorrupción y no Jesús Gil".

El portavoz de IU en el Parlamento andaluz, Luis Carlos Rejón, reclamó la comparecencia de Chaves y la de los altos cargos imputados en la querella. Rejón afirmó que "la verdad es la verdad la diga quien la diga". Añadió "que no se trata de matar al mensajero" desacreditando a Gil, a quien, sin embargo, acusó de "atacar al sistema de partidos y al sistema democrático".

El portavoz de IU minimizó las expectativas sobre la comparecencia del consejero de Obras Públicas y dijo que su grupo llegará hasta las últimas consecuencias, aunque no precisó si ejercerá la acción popular en la causa abierta en el juzgado número 12 de Sevilla.

Requerimiento de la fiscalía

Por otro lado, la Fiscalía Anticorrupción reclamó ayer del alcalde de Marbella la relación de empresas municipales participadas por ese Ayuntamiento con las que opera normalmente para resolver todo tipo de asuntos. El Ayuntamiento remitirá hoy los nombres de esas 14 empresas y las 42 auditorías encargadas durante los tres últimos años sobre su gestión a la firma Abdón Bas López Luengo Asociados. Fuentes del equipo de gobierno aseguran que la fiscalía no encontrará ninguna irregularidad en el funcionamiento de esas enmpresas.La oposición a Gil, que critica la proliferación de esa trama de empresas municipales porque se elude el control, entiende que es a través de ese "ayuntamiento paralelo" como Gil realiza operaciones de dudosa legalidad, como el traspaso encarecido de fincas compradas por sus sociedades o los pagos publicitarios o de fichaje de jugadores del Atlético de Madrid.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 3 de julio de 1996

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