Todas a una

Unidos frente al enemigo. Este parece ser el lema y la actitud que han tomado la mayoría de las empresas japonesas que ayer celebraron a la vez sus juntas de accionistas anuales para evitar que los profesionales mafiosos de la extorsión, los sokaya, pidan dinero a cambio de no hacer preguntas que comprometan a la dirección de las respectivas compañías. En medio de estrictas medidas de seguridad y con la policía en estado de alerta, realizaron las juntas un total de 2.235 empresas, cifra récord que representa el. 88% de todas las corporaciones que tenían previsto celebrar las reuniones este año para rendir cuentas a sus dueños.Las juntas de accionistas de Japón distan mucho de parecerse a las occidentales, donde es normal establecer mediante el juego de preguntas y respuestas debates entre accionistas y directivos por asuntos de la firma. En Japón, en apariencia el país de la armonía, las juntas duraron ayer una media de 40 minutos, el tiempo suficiente para dar la bienvenida y aprobar la cuenta de resultados, generalmente refrendada ya de antemano por correo por la mayoría de los propietarios de las acciones.

La estrategia de poner el mismo día y a la misma hora las juntas pretende impedir que personajes mafiosos irrumpan en las salas con preguntas molestas, que puedan desvelar secretos o acciones no del todo correctas por parte de los directivos de las corporaciones. Los sokaya compran legalmente una mínima cantidad de títulos bursátiles para adquirir la condición de accionistas de una empresa determinada y poder entrar sin impedimentos en su! juntas de accionistas. En ese momento, con amenazas y extorsiones, buscan dinero bajo mano a condición de omitir preguntas capciosas y no reventar la asamblea.

Este año más que nunca, las empresas japonesas tienen motivos para acabar pronto las juntas, pues la serie de escándalos que han saltado a las páginas de los periódicos justificarían muchas preguntas a los ejecutivos que manejaron sus dineros. En un par de financieras hipotecarias en quiebra técnica, sus accionistas aprobaron los esquemas de liquidación y transferencia de operaciones a una UVI bancaria especial que se, encargará de recolectar los multimillonarios créditos impagados que causaron la bancarrota de siete de ellas y la crisis del sistema financiero de Japón.

Los asistentes a la asamblea de la firma automovilística Mitsubishi aguantaron la manifestación, fuera de la sala, de un grupo de activistas femeninas que protestaron por un presunto escándalo de acoso sexual a empleadas de una de sus factorías en Estados Unidos. La junta concluyó sin ningún altercado en 23 minutos. Sin embargo, sí se produjo cierto barullo en la farmacéutica Cruz Verde, responsable con otras dos firmas de que 2.000 enfermos hemofílicos contrajeran el sida con plasma sanguíneo contaminado. "Si hay alguien que esté orgulloso de pertenecer al Consejo de Administración de Cruz Verde, que levante la mano", dijo una de las 170 personas que protestaron de una u otra forma la actuación de la empresa, ante el silencio e impasividad de los ejecutivos.

En la comercializadora Sumitomo, sólo una persona preguntó cuál era la responsabilidad de la empresa en el fraude de 1.800 millones de dólares (230.000 millones de pesetas) que el ex ejecutivo Yasuo Hamanaka le hizo perder en operaciones no autorizadas con el cobre. "El tema está en estudio", zanjó uno de los directivos en la reunión, que tan sólo duró 40 minutos. En las turbias relaciones entre la mafia y las empresas japonesas saltó a la luz el escándalo de los grandes almacenes Takashimaya, que pagaron bajo manga 80 miIlones de yenes (unos 94 millonesde pesetas) a mafiosos, precisamente para mantener alejados de sus asambleas a los sokaya.

Salvando las distancias, banqueros y empresarios españoles reconocen que también en nuestro país existen intentos de extorsión, aunque sin llegar al nivel de gravedad de Japón.