Interior expulsó a parte de los inmigrantes ilegales sin conocer su país de origen ni su identidad

El Ministerio del Interior reconoció ayer que expulsó de España a un número indeterminado de los 103 inmigrantes ilegales desplazados la semana pasada de Melilla sin conocer su identidad ni su país de origen. Los inmigrantes están desde el domingo en cuatro países africanos: 32 en Camerún, 19 en Malí, 24 en Senegal y 28 en Guinea Bisau. El secretario de Estado de Seguridad, Ricardo Martí Fluxá dijo ayer que algunos de los indocumentados fueron identificados al llegar a Senegal. Interior defiende que en esta operación, que el ministro Jaime Mayor Oreja catalogó ayer en el Congreso como "discreta, diplomática, desagradable y antiestética" se ha cumplido "escrupulosamente la Ley de Extranjería. "

Mayor Oreja admitió ayer que la "rápida decisión" adoptada por su Ministerio de devolver a sus países de origen a los 103 inmigrantes centroafricanos desplazados de Melilla a Málaga se puede considerar "poco común o infrecuente". No obstante, el ministro sostiene que ésta era la única manera posible de retraer a futuros inmigrantes ilegales para que no sigan ese camino, sobre todo ante la llegada del verano y la celebración del 5' centenario de la fundación de Melilla.El ministro aseguró que se había seguido escrupulosamente la ley de Extranjería, y su secretario de Estado de Seguridad, Ricardo Martí Fluxá, apuntó que habían solicitado a los abogados del Estado del Ministerio tres informes jurídicos para sustentar esta actuación. Mayor Oreja precisó que la ley determina un plazo máximo de internamiento de 40 días, tras obtenerse un auto judicial que autorice esa reclusión, y subrayó que la ley no se vulnera si no se sobrepasa ese plazo. El ministro indicó que es el juez el que resuelve la orden de internamiento. Aun así, Mayor asumió la responsabilidad del Gobierno de fijar cuándo y cómo convienen las expulsiones.

Mayor Oreja presumió de la actuación de los diplomáticos que ocupan altos cargos en Interior el propio Martí Fluxá y su jefe de gabinete, Gustavo de Aristegui- para señalar que sus gestiones con los países afectados habían facilitado la resolución del conflicto.

El ministro rechazó que hubiese actuado con falta de transparencia y prefirió usar el término "discreción". No obstante, reconoció que el sentido final de esta actuación no era "humanitario, ni grato". "Ha sido más bien desagradable, pero no había otras posibilidades si queríamos que no se volviese a repetir", comentó Mayor. "Entre la ingenuidad y la intransigencia debe haber algún tipo de fórmula y ésta, efectivamente antiestética, fue el mal menor", concluyó el ministro.

Ricardo Martí Fluxá, que ha llevado directamente los pormenores de esta operación, aclaró ayer por Fin algunos detalles tras varios días de absoluto secretismo. Por ejemplo, la situación de los 103 inmigrantes era distinta y se podía separar en tres grandes grupos: los 40 que ya tenían orden de expulsión:, otros 30, con esos mismos expedientes incoados pero sin resolver, y, 33 más a los que el juez aún no había tomado declaración y que podían ser devueltos a sus países.

Interior aprovechó esa amalgama de circunstancias diversas para preparar entre la madrugada del pasado sábado y el domingo el despegue de cinco aviones militares a cuatro destinos en países africanos, previa escala en las islas Canarias. Martí Fluxá asegura que entre el 80% o el 90% de los 103 africanos eran naturales de esos cuatro países.

Fuentes de la asociaciones humanitarias señalan que los 103 expulsados procedían de once países: Camerún, Mali, Nigeria, Zaire, Ruanda, Senegal, Costa de Marfil, Liberia, Angola, Mauritania y Guinea Konakri.

El secretario de Estado de Seguridad explicó que desde el Ministerio se negoció con esos países para que aceptasen a los inmigrantes que no habían aportado datos fidedignos sobre su identidad y procedencia. Martí Fluxá dijo que eran minoría, que se habían quedado en Senegal y que desde allí darían el penúltimo salto a su tierra. Además, según Interior, algunos de los que partieron de Madrid sin documentación fueron identificados en Senegal.

A pesar de todos los contactos diplomáticos, en la operación se produjeron ciertos contratiempos. Interior apalabró sin excesivos problemas con el embajador de Camerún en Madrid esta solución. Pero al llegar el avión al aeropuerto de Camerún, las autoridades locales no dieron validez alguna a ese acuerdo. Según Interior este escollo se solventó ayer mismo. Algunas ONG desmentían esa versión desde España.

Los gobiernos de los países africanos implicados en esta operación reclamaron del ejecutivo español la mayor discrección posible para que esta noticia de cooperación mutua no se difundiese por otras naciones europeas con ese mismo problema.

Interior aún no ha evaluado el coste de esta operación. Sí se sabe que durante 1995 fueron expulsados de España 4.875 inmigrantes ilegales y que esos traslados supusieron un gasto de 450 millones.

El eurodiputado socialista José María Mendiluce criticó ayer la expulsión y calificó el hecho de "vergonzoso".