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El Ministerio estudia cerrar el campamento ceutí de Calamorro

El director general de Política Interior, José Ramón Ónega, que se reunió ayer con representantes de tres Organizaciones No Gubernamentales se mostró partidario de cerrar el campamento de Calamorro de Ceuta en el que viven 275 inmigrantes ilegales africanos, según explicó a Efe el presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), Sebastián de la Obra, presente en la reunión. Ónega no aclaró si los inmigrantes de Ceuta serán acogidos por el Gobierno español o serán expulsados del país al igual que los de Melilla. El presidente de Ceuta ha pedido reiteradamente al Ejecutivo que expulse de la ciudad a los inmigrantes de Calamorro.Ónega explicó a las ONG que el Ministerio ha realizado las expulsiones de los inmigrantes de Melilla con respeto a la ley y con la intervención judicial necesaria. Según fuentes de Interior, los responsables de Andalucía Acoge, de la Asociación de Trabajadores Inmigrantes y de la APDHA, le manifestaron a Ónega su conformidad con el proceso de repatriación y expulsión realizado por el Ministerio.

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Sin embargo, la versión de Sebastián de la Obra, dista mucho de la de Interior: "No nos ha gustado nada lo ocurrido con los inmigrantes de Melilla ni la resolución que se ha adoptado, ya que ha habido graves irregularidades en la devolución de los inmigrantes a sus países de origen, que desconocemos si son reales". Además, De la Obra afirma que no se ha observado la Ley de Extranjería ya que Interior "no ha respetado el procedimiento al no ser el juez que ha incoado el expediente el que ha autorizado el regreso de los inmigrantes a sus países de origen".

Otras organizaciones, como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y la Asociación Pro Derechos Humanos de Melilla, criticaron ayer el proceso seguido por Interior. Juan José Rodríguez, de CEAR, aseguró que las expulsiones "estaban preparadas antes de los conflictos que han saltado a la opinión pública".

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