Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra
Tribuna:

¿Cómo defender los intereses españoles en Bruselas

Lleva razón el Gobierno al referirse a los intereses españoles y a la necesidad de defenderlos en Bruselas. Y ello no sólo por el impacto de las decisiones de Bruselas en los sectores económicos, sino porque además esto forma parte del juego comunitario, y, sobre todo, porque acotando previamente nuestros intereses, será más fácil saber qué papel quiere y puede jugar España en la UE del siglo XXI.Centrándonos en los intereses económicos (sectoriales y empresariales), decisivos aún para determinar el peso político real de cada país en Bruselas y en lo referente a España, quisiera contribuir al debate reflexionando sobre el papel de nuestros sectores y empresas en la definición y posterior defensa de dichos intereses. Terminaré apuntando alguna pista sobre los medios más adecuados -a mi entender- para llevar a cabo dicha defensa.

De entrada, diremos que el interés común de la UE no es un principio apriorístico. Basada como está la UE en principios funcionalistas o económicos sobre los que construir el armazón político, y no al revés, el interés común es siempre un próceso en marcha, algo así como la resultante entre lo que nos une -objetivos políticos comunes a todos los Estados- y aquello, que nos diferencia en gran medida intereses económicos de cada país-. Mientras los primeros implican cesiones de soberanía de los Estados en favor de la UE para, hacer de intereses comunes políticas comunes (agrícola, comercial, libre competencia, moneda única ... ), los segundos reflejan legítimas sensibilidades nacionales que cada Estado trata de defender en el marco de tales políticas comunes -cuando existen- o al margen de las mismas.

España ha logrado consagrar, en el seno de la UE, el principio de cohesión económica y social, un principio más bien político que enriquece el acervo común de los Quince y que, dicho sea de paso, ha cambiado la cara de España (casi la cuarta parte de los fondos viene a nuestras regiones). Pero al lado de estos logros, y según algunos analistas, quizá hayan faltado, complementando lo anterior y tal y como hacen otros Estados, estrategias decididas y audaces de apoyo a nuestro propio tejido productivo, a nuestros intereses económicos. En lo que se refiere al apoyo y defensa en Bruselas de tales intereses (de importancia decisiva en ocasiones), los hechos han sido un reflejo de lo que pasaba en el interior del país.

Por eso convendría abrir un diálogo con los sectores de la economía real con el objetivo de representarlos y defenderlos eficazmente en Bruselas. Un pacto estratégico que permita resolver con éxito la ecuación entre la rumbosa vocación europeísta de España con la, no por nacionalista menos importante, necesidad de salvaguardar ciertos mínimos indispensables. Como en cualquier negociación.

Porque contribuir a la construcción europea no es decir a todo que sí, sino negociar desde posturas constructivas que permitan salvaguardar un núcleo duro de intereses sectoriales concretos. Las decisiones europeas se construyen a golpe de cincel en la mesa de los 15 ministros del ramo. En esa mesa, otros países más avezados enarbolan, en ocasiones, la bandera europea con una mano sin dejar de echar la otra a sus intereses nacionales. Que nadie vea una contradicción de actitudes porque probablemente es ésta y no otra la única garantía sólida y duradera para construir el interés común a partir de cesiones en los intereses legítimos de cada país.

Por sorprendente que parezca, esto no debe entenderse como una rendición de los Estados y de la UE ante unos pocos (los lobbies), sino como el resultado de un equilibrio siempre difícil, pero imprescindible, entre lo que nos une y lo que nos divide, a saber, ciertas sensibilidades de la agricultura, la pesca, la industria, el comercio o el turismo de cada país, que llegan a oídos de sus administraaciones para que los Estados las conviertan en sensibilidades nacionales a la hora de negociar en Bruselas. Así es la muy particular liturgia bruselense.

Por insólito que parezca, el singular procedimiento para decidir en Bruselas da carta de naturaleza a la defensa de los intereses económicos privados. Esta actividad -a diferencia de lo que ocurre en otras administraciones- refleja más una actitud sensata de cooperación con la Administración comunitaria (que, además de lejana fisicamente del ciudadano, corre el riesgo de perderse en su propia complejidad) que aquella otra imagen deformada de presión a ultranza de intereses particulares en detrimento del interés general.

Porque no sólo los que defienden tales intereses privados desean hacer llegar sus mensajes a la UE, sino que las propias administraciones nacionales necesitan, en cierto modo, de su presencia en el proceso de fabricación de decisiones. Los Estados -gracias a estos mensajes- confirman sus tesis, refuerzan sus argumentos, matizan sus posturas, ganan para la causa a otros Estados (a su vez, a la escucha de sus sectores) o los utilizan como moneda de cambio frente a los que no comparten las mismas tesis durante las negociaciones que preceden a cualquier decisión que se toma en Bruselas.

Conseguir una defensa eficaz de los intereses españoles en Bruselas pasaría a mi entender por tres líneas de acción prioritarias: reducir la excesiva distancia entre el poder político y los sectores económicos, la creación de un secretariado general de cooperación económica europea que permita preparar estrategias de representación y defensa con suficiente antelación, y, por último, un aprovechamiento nacional óptimo de todos los canales del Estado que confluyen en la formación de la voluntad del Estado español en política europea (en particular, la Administración central y las autonomías).

El acercamiento del poder político a los sectores económicos (o viceversa) exige fomentar una actitud mutua de diálogo abierto permanente, más que la implantación de mecanismos institucionales concretos. Existen ejemplos ilustrativos en países de nuestro entorno. Así, diputados y sectores económicos se reúnen periódicamente en Alemania de modo informal en las llamadas veladas parlamentarias (parlamentarischer abend), práctica que han exportado a Bruselas coincidiendo con los Consejos de Ministros de la UE: con dicho motivo, representantes de intereses alemanes en Bruselas -incluidas las regiones o lánder- suelen verse informalmente con sus ministros.

La creación de un secretariado general de cooperación económica europea, dependiente del Gabinete del presidente del Gobierno, permitiría monitorizar iniciativas comunitarias de particular trascendencia para los sectores económicos y, a continuación, poner en marcha -en tiempo útil- estrategias de representación y defensa en Bruselas, en concreto a través de la Representación Permanente de España ante la UE. En Francia, el llamado SGCI (Secrétariat Général du Comité Interministeriel pour les Questions de Coopération Economique Européenne), dependiente del primer ministro, constituye un ejemplo válido sobre el terreno.

Por último, se impone un ejercicio de racionalidad sazonado con amplias dosis de sentido común entre las administraciones central y autonómicas en términos vías de interlocución con la UE. El nuevo observador de las autonomías, quien, desde la Representación Permanente de España en Bruselas coordinará las acciones, apunta -aunque quizá sea insuficiente- en dirección adecuada, siempre y cuando las regiones asuman sus respectivas responsabilidades movilizando -a escala regional y local- a sus propios sectores económicos para que miren más hacia Bruselas, para que afronten los desafíos mucho antes de que se les echen encima y aprovechen las oportunidades como hacen las empresas de otros países.

Este espíritu societario entre intereses económicos y poder público a escala de cada país no es contrario al interés económico. Exigirá audacia y determinación por parte de los responsables políticos, así como espíritu de iniciativa desde los sectores económicos. No sólo contribuirá a encontrar soluciones vertebradoras para nuestro país, sino que, además, eliminará en las relaciones entre Administración y administrados la fácil tentación del chivo expiatorio asumiendo nuestras responsabilidades respectivas y suscribiendo igualmente el éxito o el fracaso en las futuras negociaciones que nos esperan en la UE.

Emiliano Alonso Pelegrín es abogado y diplomado en Altos Estudios Europeos. Autor del libro El 'lobby' en la Unión Europea: manual sobre el buen uso de Bruselas.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 26 de junio de 1996