El PSOE denunciará ante el Constitucional el decreto ley de medidas fiscales del Gobierno

Los socialistas han tomado su primera medida drástica como grupo de oposición. Después de pensarlo durante unos días, han decidido recurrir ante el Tribunal Constitucional el decreto ley de modificación de la tributación por plusvalías en el IRPF que el PP y los nacionalistas no consintieron que se tramitara como proyecto de ley, con el consiguiente debate parlaentario. Una medida por la que se modifican los tributos y, por tanto, afecta a derechos fundamentales, no puede llevarse a efecto por decreto ley sólo previsto por razones de urgencia, dicen los socialistas.

"Tenemos que denunciar ante los ciudadanos que este Gobierno atiende intereses corporativos y no tiene en cuenta el interés general", dijo el secretario de organización, Cipriá Ciscar, al anunciar la medida."¿Por qué el Gobierno no ha querido hacer un proyecto de ley para cambiar los tributos"?, se preguntaron ayer los socialistas en su reunión de la comisión ejecutiva federal, en la que el secretario general, Felipe González, escuchó las razones por las cuales hay base para llevar la ley al Tribunal Constitucional. "La voladura llevada a cabo en el IRPV, dice un informe de los técnicos socialistas, no se puede despachar por vía de urgencia con un decreto ley.. Y esperan que el alto tribunal lo vea así también.

Una parte de las rentas del capital tienen a partir de ahora un tratamiento separado con un tipo único y proporcional del 20% y un mínimo exento de 200.000 pesetas. El Gobierno ha anunciado- la medida como un paso para un nuevo tratamiento del conjunto de las rentas del capital por lo que el IRPF, por decreto ley, se transforma en un impuesto progresivo sobre las rentas del trabajo al estilo del antiguo IRTP, escriben los técnicos socialistas.

En el fondo de la cuestión, los socialistas concluyeron ayer en su reunión de la ejecutiva en que los cambios introducidos suponen "una pérdida de ingresos para el erario público que incluye a las comunidades autónomas en el modelo de financiación autonómica que se proyecta". "Pero, sobre todo, supone una redistribución de la carga tributaria no sólo en beneficio de las rentas más altas, sino en perjuicio de las rentas más bajas".

La medida de actualización de balances es igualmente criticada por la cúpula socialista. "Es una inyección directa de beneficios en las empresas por la vía de Impuesto sobre Sociedades a sólo unos meses de la entrada en vigor de una importante reforma de la fiscalidad societaria". "La creación de un nuevo tributo del 3% sobre el saldo de la cuenta de actualización provocará en el futuro un importante agujero recaudatorio con impacto en el déficit público".

Los socialistas extraen una conclusión política: "El Gobierno con estas medidas sólo piensa en determinado grupo social, atiende a intereses corporativos y no defiende el interés general", dijo Ciscar. En privado, los dirigentes socialistas dicen que alguna de las medidas tienen "nombre y apellido" y citan el de un importante banquero.

El Gobierno, ha tenido una primera reacción tachando de "insensata" la decisión de recurrir, según expresión del secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José María Michavila. "El PSOE está demasiado acostumbrado a visitar los tribunales", ironizó Michavila.