"Una hora menos en Euskadi"

Las Haciendas de las tres diputaciones vascas han vuelto a tomar la delantera a la Administración central. Esta vez las capacidades en materia tributaria reconocidas en el concierto económico vasco se han centrado en una reforma en profundidad del impuesto de sociedades, algo que está pendiente aún en el resto de España. Entre las novedades más significativas destacan la rebaja del tipo general de gravamen del 35% al 32,5%, un tipo especial del 30% para pequeñas y medianas empresas con beneficios inferiores a los 10 millones de pesetas e incentivos para las sociedades que apliquen medidas de reparto de trabajo y apuesten por la contratación fija. Esta semana se aprobará la norma en las Juntas Generales (Parlamento provincial) de Vizcaya y Guipúzcoa, y el próximo 5 de julio, en Álava.No es la primera vez que las tres Haciendas vascas atrasan la hora del reloj tributario. De hecho, en la época en la que Juan Luis Laskuráin, al frente ahora del Tribunal Vasco de Cuentas, era diputado de Hacienda en Vizcaya siempre se encargaba de recordar a los técnicos y responsables de la Administración central que tenían que variar de registro: "Al sistema tributario vasco le tienen que aplicar ustedes aquello de que son la diez de la mañana, una hora menos en Euskadi".

La respuesta de la Hacienda central siempre era la misma: activar el bufete de los abogados del Estado y presentar cargas de profundidad en los tribunales ordinarios. Así llegaron los recursos contra los incentivos fiscales a la inversión en Álava y Guipúzcoa, aprobados en 1998, y contra la actualización de balances para el periodo 1983-1990.

El último conflicto llegó en 1993, justo cuando las tres haciendas aprobaban las vacaciones fiscales, una exención total del pago del impuesto de sociedades durante 10 años para las empresas de nueva creación que cumplieran unos requisitos mínimos de creación de puestos de trabajo (10 empleos) y de inversión (80 millones de pesetas).

Esta medida, tan criticada desde el Gobierno con los argumentos de que rompía la unidad de mercado, disminuía la presión fiscal y provocaba deslocalizaciones de empresas, ha tenido una incidencia desigual. El volumen de inversión de las 76 empresas acogidas a las vacaciones fiscales desde el ejercicio de 1993 se aproxima a los 122.000 millones de pesetas, con una creación de 5.500 empleos.

Sin embargo, las abultadas cifras hay, que ponerlas en su sitio, porque ahí están contabilizados los 50.000 millones de pesetas de la Acería Compacta de Bizkaia (ACB) y los 17.600 millones de la firma alavesa Gamesa, empresas que no han nacido al calor de esta medida, aunque se han beneficiado de ella.

"Para nosotros, el concierto económico es una herramienta indispensable, y a través de nuestra especificidad tributaria lo que pretendemos es favorecer la economía productiva y revitalizar el tejido industrial. Si alguna comunidad se siente agraviada y considera que nuestra reforma es buena debería exigírsela al Ejecutivo central". Son palabras del peneuvista y responsable de la Hacienda vizcaína, Fernando Olmos.

Junto a esto, los nacionalistas suelen presentar el aval de una sentencia del Tribunal Constitucional de julio de 1986 en la que se señala que la unidad de mercado no supone uniformidad, ya que la misma configuración del Estado español y la existencia de entidades con autonomía política, como son las comunidades autónomas, supone necesariamente una diversidad de regímenes jurídicos".

Los técnicos tributarios consultados admiten que las competencias que tienen las diputaciones vascas en materia tributaria no las tiene nadie. "Ni los landers alemanes, ni los cantones suizos", aseguran consultores externos que han participado, de alguna manera, en la elaboración de la norma.

Éstos defienden un toque de "beligerancia y medidas imaginativas como las del reparto de trabajo porque el tejido industrial lo pedía a gritos". Por eso el reloj se ha vuelto a atrasar en el País Vasco. El Parlamento de Vizcaya será el primero en aprobar el nuevo impuesto de sociedades el próximo día 26.

Los tres ejes más novedosos se refieren al nuevo tipo general de gravamen del 32,5%, la incentivación al reparto del empleo y las medidas para las pymes. El informe sobre armonización fiscal elaborado en 1992 para la Comisión Europea por el ex ministro de Hacienda holandés Onno Rudding, recomendaba un tipo en torno al 30%-40% y hay países, como Finlandia o Suiza, que lo han fijado en el 25%.

Aunque los responsables de Vizcaya habían defendido durante la gestación de la norma un tipo del 30%, la Hacienda guipuzcoana ha presionado en favor de una solución salomónica del 32,5%. A cambio se han incluido medidas como minivacaciones fiscales para las nuevas empresas, la deducción por inversión en activos fijos nuevos y toda una serie de ayudas para las pymes.

El tipo general para las pequeñas y medianas empresas ha quedado fijado en el 30% para las firmas con beneficios por debajo de 10 millones. Otro de los aspectos novedosos de la norma es el régimen especial para las nuevas empresas que salgan por primera vez al mercado a través de la Bolsa de Bilbao. Dichas sociedades tendrán un tipo impositivo del 25% en los tres primeros años.

Los socialistas, que se mostraron muy críticos tras la presentación del proyecto por el PNV y consideraron que la rebaja al 32,5% sólo incentivaba la economía financiera, variaron de postura al introducir toda una batería de enmiendas en favor del reparto del empleo y de la contratación estable.

De hecho, por primera vez una normativa en Europa de este tipo recoge un tratamiento específico para las empresas que den entrada a fórmulas de reparto de trabajo. Las sociedades que reduzcan la jornada laboral en un 10% e incrementen un 10% el empleo, se beneficiarán de una deducción en la cuota del 35% por las inversiones que realicen para aplicar las reformas necesarias para el reparto del trabajo y las inversiones tendrán libertad de amortización. Además, por cada nuevo puesto de trabajo, obtendrán una deducción en la cuota de 750.000 pesetas.