Caso Soria, la justicia que no llega

Al español Carmelo Soria parece que no le alcanzó la indulgencia que lograron sus verdugos; murió salvajemente torturado en el sótano de un chalé vinculado a la policía política del dictador chileno Augusto Pinochet. Al considerarle comunista en activo, trataron de arrancarle con brutalidad listas de nombres. Para unos murió desnucado. Otros, como Alejandra Damiani, antigua secretaria del norteamericano, Michael Townley, dueño del chalé-cárcel, declararon que falleció en medio de convulsiones, lo que apunta al gas sarín (empleado en el atentado de Tokio) como posible causa final de la muerte de Soria. Sucedió en julio de 1976. Veinte años después, pese a la lucha denodada de la familia, la vía de la justicia se extingue injustamente. La sentencia del juez de la Corte Suprema de Chile Eleodoro Ortiz, hecha pública este mes, considera sobreseída "total y definitivamente" la causa "porque los hechos en ella investigados son aquellos referidos en el Decreto-ley 2.191, de l978", es decir, de la ley de amnistía promovida por la dictadura con el fin de esquivar la acción del Código Penal.Cabe aún una doble apelación, que ya fue presentada hace una semana. El pleno de la Corte Suprema puede decidir ahora sobre la inconstitucionalidad de esa ley de amnistía aplicada a este caso o confirmar el fallo de Ortiz, o puede también traspasar la decisión final a la Segunda Sala de lo Penal. Todo indica que no revocará la tesis de su juez y optará por el olvido.En su sentencia, el magistrado Eleodoro Ortiz no considera a Carmelo Soria, que trabajaba en la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), dependiente de la ONU en el momento de su asesinato, una persona bajo protección de la Convención sobre Prevención y Castigo de Delitos contra Personas Internacionalmente Protegidas.

Según Ortiz, y ahí surge el debate, Soría habría necesitado de "una protección especial", pues, "no basta con ser funcionario o agente de una organización internacional para ser persona internacionalmente protegida". Ortiz se refiere a un convenio entre el Gobierno de Chile y la CEPAL de 1954 en el que se define como miembros de ese organismo a "Ios jefes y demás funcionarios de planta (...), calidad que tampoco se ha establecido respecto al señor Soria".

Ésta es la clave legal de todo el caso. Si se logra establecer ante la justicia chilena que Soria disfrutaba de inmunidad especial, extremo que sostienen la ONU, la CEPAL, el Gobierno español y numerosas personalidades, no cabría amnistía a los autores de su asesinato, como sucedió en el caso de Orlando Letelier, el ministro, de la Unidad Popular asesinado en Washington."Es de esperar que la sensibilidad jurídica de la Corte Suprema de Justicia de Chile invierta el fallo de Ortiz y reconozca la inmunidad de Soria", asegura esperanzado José Antonio Martín Pallín, magistrado de la Sala Segunda del Supremo español. "Hasta ahora", añade, "todas las razones esgrimidas no han sido tenidas en cuenta (...) Quedan pocos argumentos además de denunciar la ruptura del ordenamiento jurídico chileno con el internacional".Andrés Domínguez, consejero de la Comisión Chilena de los Derechos Humanos, reconoce que ahora Ia situación es bastante mala". "La mayor parte de los miembros de la Corte Suprema no han comprendido la lógica del derecho internacional de los derechos humanos. Esto hace un gran daño a Chile", dice.

Fuentes de la ONU reiteran que Soria "era funcionario de la CEPAL y que estaba protegido por una serie de tratados internacionales". Estas fuentes, que piden conservar el anonimato, acusan al juez Ortiz de efectuar una "interpretación torcida y engañosa del convenio" de 1954.

Carmen Soria, hija de Carmelo, es consciente de que se acerca el final de la vía jurídica en Chile. No obstante, dice con voz firme: "Tengo mucha fe en el apoyo exterior. Nos puede ayudar a llegar a un juicio justo". Carmen está convencida de que los jueces han sufrido presiones y que sus argumentos legales son "subterfugios de unas personas que no tuvieron la valentía necesaria".

Fuentes españolas indican que se podría adoptar la vía que la Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha seguido en el asunto de los españoles desaparecidos en Argentina: formular una denuncia en España que permita el procesamiento de los culpables y dictar una orden internacional de captura que, al menos, les impida salir de Chile. "Desgraciadamente, la influencia de España en el caso Soria no es la de EE UU en el caso Letelier", dice Carlos Castresana, de la UPF.

Libedinski, que fue el primer juez del Supremo que llevó el sumario, asegura en conversación telefónica desde Santiago de Chile que "se ha hecho todo lo posible", y es claro al decir que Ia ley de amnistía es la que impide hacer justicia" en este caso. Libedinskí no ve una contradicción en esto y declina comentar cómo una ley aprobada durante la dictadura que amparó los crímenes puede impedir ahora juzgar a los asesinos. "No puedo hablar de ese tema, pues puede que me toque pronunciarme [en el Supremo] sobre su constitucionalidad".

De los cinco miembros de la brigada Mulchén, presuntos asesinos del español Carmelo Soria, uno, el coronel René Patricio Quilhot Palma fue hasta muy poco edecán (ayudante personal) del ex dictador y aún hoy jefe de las Fuerzas Armadas de Chile, Augusto Pinochet.

Otros dos aún están en activo: los coroneles Jaime Lepe Orellana y Pablo Belmar Labbé. Cada poco, alguien les recuerda la mancha en sus manos. Como el Gobierno de El Salvador, qué rechazó a Belmar como agregado militar. Un diputado salvadoreño del derechista Arena lo resumió con rotundidad: "Este país no es el basurero de nadie".

Un tercero, Juan Delmás, se suicidó, según la Junta Militar. De los cinco, sólo dos fueron procesados: el coronel retirado Guillermo Salinas, jefe de la Mulchén y presunto autor material de la muerte de Soria, y el suboficial José Ríos San Martín, quien confesó todo a la jueza Guzmán. Hoy está recluido en un psiquiátrico militar. Dicen que se volvió loco.

Para Pinochet, el caso fue siempre una afrenta personal sobre la que hacía revolotear maliciosamente una frase apocalíptica suya: "Si me tocan a uno de mis hombres, se acabó el Estado de derecho". Durante los Gobiernos democráticos de Patricio Aylwin y de Eduardo Frei se entendió, al parecer, el mensaje. Es lo que Enrique Tierno Galván definió irónicamente en la transición española como "prioridad de valores".