"Vamos hacia una crisis grave si no hay acuerdo en Florencia

IGNACIO CEMBRERO Ramón de Miguel fue durante cinco años en Bruselas el hombre de confianza del entonces comisario europeo y actual ministro español de Exteriores, Abel Matutes. Ahora lo, sigue siendo en Madrid como secretario de Estado de Política Exterior y Unión Europea.

Pregunta.- ¿Va a absorber la crisis de las vacas locas todas las energías de la cumbre europea de Florencia?

Respuesta. La cumbre corre el riesgo de ser contaminada por la enfermedad. EI cónclave ministerial del lunes en Roma ha permitido allanar algo el camino hacia una solución. Diversos indicios apuntan a que el plan marco, que fijará la cadencia del levantamiento del embargo, podrá ser aprobado en Florencia. Tras la cumbre, el Consejo de Ministros de Agricultura concretaría el acuerdo político alcanzado.

P. Los cimientos de un posible acuerdo todavía se tambalean. ¿Qué pasa si al final no se derrumban?

R. Que iremos a una crisis grave entre el Reino Unido y sus socios del continente. -

P.¿Obedece la actitud de John Major a razones de política interior?

R. Las presiones internas y las divisiones del Partido Conservador ponen a Major en una situación delicada en la que tiende a radicalizarse frente a sus socios. Cree que siendo firme se refuerza su liderazgo dentro de su partido.

P. Desde que empezó, en marzo, la Conferencia Intergubernamental para reformar la UE no ha avanzado un ápice.

R. Primero, el grupo de reflexión que presidió Carlos Westendorp indentificó los grandes temas a tratar. Después, desde marzo, se han ido afinando las posiciones de los grandes países. Tras la cumbre de Florencia entraremos en una nueva etapa de negociación más intensa.

P. Lo que se negocia más en serio es el convenio europeo de extradición.

R. El presidente José María Aznar tiene la intención de suscitar el asunto en Florencia para intentar que la cumbre dé un impulso- político a la negociación. Desde que llegó al Gobierno ha recabado un apoyo más firme de Francia y Alemania. Para España tiene gran importancia que se suprima la invocación al delito político, para no conceder la extradición de terroristas, así como el compromiso de incriminar la pertenencia a banda armada.

P. ¿Es un problema la inexperiencia de Aznar a la hora de defender los intereses de España?

R. No existe tal inexperiencia. Lleva años participando en las reuniones de líderes del Partido Popular Europeo que vierten sobre temas comunitarios. Desde los gabinetes de los comisarios Matutes y Oreja se le ha enviado todo tipo de información. Desde que llegó al Gobierno hemos tenido cuatro reuniones monográficas para preparar Florencia. Cuando llega a la Moncloa tiene los documentos anotados y subrayados y no para de interpelarnos. Sus conocimientos son tan buenos como los de González.

P. ¿Puede suponer el pacto de confianza para el empleo que discutirá la cumbre una reorientación de los fondos estructurales en detrimento de España?

R. El pacto tiene tres disposiciones que aceptamos y una cuarta. que nos gusta menos. Preconiza dedicar 200.000 millones de pesetas para costear proyectos de creación de empleo. No es ése el objetivo de los fondos. Están para atenuar las diferencias de riqueza entre regiones ricas y pobres de la UE.

P. ¿Cuáles son los grandes retos que España tiene por delante con relación a Europa?

R. Por orden cronológico: no perder peso institucional en una Unión reformada y ampliada; estar entre los países que accedan primero a la moneda única, y no resultar perjudicada cuando se revisen las perspectivas financieras de la UE a partir de 1999.

P. Además de quejarse ante la Organización Mundial de Comercio de la ley Helms-Burton, ¿es conveniente tomar represalias contra EE UU como va hacer Canadá?

R. No sería nada eficaz que España actúe sola. La adopción de una legislación antiboicoteo que impida a los inversores en Cuba someterse a las exigencias de EE UU, o las represalias, es un asunto que compete a la Unión. Corresponde a la Comisión Europea hacer propuestas y creo que no tardará. Su presidente, Jacques Santer, pidió la semana pasada en Washington a Bill Clinton flexibilidad en la aplicación de la ley. En periodo electoral es difícil que lo haga.