Jaume Matas incluye en el nuevo Ejecutivo balear a un imputado en el 'caso Sóller'

El nuevo presidente del Gobierno balear, Jaume Matas, incluyó ayer en su Gabinete, como consejero de la Función Pública, a José Antonio Berastáin, un destacado político del PP que ya se integró en el Ejecutivo autónomo en anteriores etapas con los ex presidentes Gabriel Cañellas y Cristófol Soler. Berastáin se encuentra imputado por el juez del caso Sóller por un presunto delito de cohecho relacionado con otro de prevaricación. En julio de 1995, cuando Aznar obligó a Cañellas a dimitir por este escándalo de presunta corrupción, también forzó la caída de Berastáin de la secretaría general del PP de Baleares, cargo que ocupaba desde 1982. Berastáin declarará el próximo viernes por primera vez ante el magistrado que investiga las posibles comisiones ilegales cobradas por el PP por la concesión, en 1988, de las obras y la explotación del túnel de peaje de Sóller. En la investigación judicial, el consejero aparece como eventual cerebro -como apoderado del PP- del tráfico y distribución de cheques de una partida de 50 millones de pesetas. Matas sólo dio la siguiente explicación: "Ante esta actuación judicial he querido mantener al consejero [Berastáin] porque quiero que sean los jueces quienes tomen la decisión oportuna ( ... ). Él es la persona más adecuada para el cargo y respetaré el pronunciamiento judicial".

El ministro Mariano Rajoy, que presidió el acto de toma posesión de Matas, reclamó moderación a los periodistas a la hora de hablar de la presunta corrupción en el entorno el PP balear y negó que la cúpula nacional exija ahora la dimisión de Gabriel Cañellas como diputado como consecuencia de las imputaciones judiciales por los casos Sóller y Calviá. Rajoy recomendó al nuevo presidente: "Mire siempre hacia el futuro y cumpla con su compromiso de diálogo, trabajo y transparencia".

Distintos proveedores electorales del PP, que cobraron en 1989 con talones del caso Sóller, identificaron al consejero Berastáin como la persona que les encargó y abonó sus trabajos. Entre quienes manejaron o ingresaron supuestos fondos marcados del túnel figuran una empresa inmobiliaria de una hermana del consejero, una diputada del PP de su círculo político más próximo y la fundación privada Illes Baleares (FIB), presidida y controlada por el ex presidente Gabriel Cañellas, que también declarará como imputado por prevaricación en este escándalo. Berastáin tenía firma en la cuenta bancaria de la FIB en la que ingresó un talón de 1,6 millones de pesetas de una posible partida de cinco millones del caso Sóller.

"Será un gran Gobierno, si nos dejan", aventuró Jaume Matas, que evitó detallar en qué consistirá la política de normalización lingüística del catalán afirmando: "No es oportuno hablar de ello".