Gómez de Liaño mantiene en prisión a Galindo para impedir que pueda presionar a testigos

El juez Javier Gómez de Liaño rechazó ayer el recurso del general Enrique Rodríguez Galindo y decidió mantenerle en prisión incondicional. El magistrado, que concuerda con el informe del fiscal, teme que Galindo actúe para hacer desaparecer rastros de los delitos bajo investigación, el secuestro y asesinato de José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, y quiere impedir que pueda dirigir o controlar tales maniobras. El juez autorizó a os ex ministros José Barrionuevo y José Luis Corcuera y al ex secretario de Estado Rafael era a visitar en la prisión al general Galindo al teniente Pedro Gómez Nieto.

Tras la resolución del magistrado, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional debe decidir si mantiene o revoca la prisión. El juez ha ordenado una síntesis del sumario para facilitar la labor del tribunal encargado de resolver, que tendrá a su disposición todo el material y evitará tener que extraer nuevos testimonios cada poco tiempo. El plazo para realizar esta compilación de la causa se ha fijado en 15 días.El auto que confirma la prisión señala que en el sumario existen "indicios con racionalidad suficiente como para considerarlo provisionalmente responsable de los delitos investigados". Y recuerda que el general de la Guardia Civil fue procesado cuatro días después de que se acordase su prisión incondicional, el pasado 23 de mayo, como "autor por inducción de delitos de detención ilegal, torturas y asesinato, cometidos en las personas" de Lasa y Zabala.

"Preocupaba y sigue preocupando", dice la resolución, "y en nada anula el temor la circunstancia de que los hechos ocurriesen hace trece años, que el procesado haga desaparecer algunos rastros de los delitos investigados o cegar actuales fuentes de prueba y futuras pruebas de cargo., merced a maniobras dirigidas -o como mínimo controladas- por el recurrente".

Reuniones y vigilancias

El magistrado destaca que existen datos en la causa que avalan ese temor. "Junto a la mediación" de Galindo "en expedientes que han concluido con la concesión de pensiones inexplicables [a los ex guardias también procesados Enrique Dorado Villalobos y Felipe Bayo Leal], ahí están los encuentros con personas que- hoy ocupan una posición de testigos relevantes", con los que Galindo "procura reuniones, o a quien hasta se vigila por funcionarios de la Guardia Civil, provocando que el anterior instructor tenga que pedir explicaciones a los mandos..., sin perder de vista el lugar privilegiado que ocupa el procesado y que le confiere todo el margen de maniobra que necesita para conocer cualquier paso de la investigación".

Dorado y Bayo, antiguos guardias del cuartel de Intxaurrondo (San Sebastián), están procesados como autores materiales del secuestro, torturas y asesinatos de los presuntos etarras Lasa y Zabala. Los dos fueron expulsados tras condenas judiciales por torturas y atraco. El ex director general de la Guardia Civil, Luis Roldán, pendiente de juicio por varios delitos de corrupción, tiene declarado que a ambos se les concedieron pensiones vitalicias, por mediación del abogado Jorge Argote, para comprar su silencio.

También alude el auto a las vigilancias efectuadas por guardias civiles a Pedro Luis Miguéliz, Chofo, acogido a la ley de protección de testigos, y cuya custodia está asignada oficialmente al Cuerpo Nacional de Policía.

El juez dedica uno de los fundamentos del auto a explicar que el silencio del general en la causa es un derecho legítimo y que nadie puede obligarle a que declare. Pero puntualiza: "En efecto, como reflexiona" el Tribunal Supremo, "de la declaración silenciosa, sin más, no podrá obtenerse una presunción de confesión de hechos y participaciones, pero si otras pruebas imputan a una persona un hecho y aquella no quiere declarar, no podrá, con toda obviedad, por imposibilidad al mantenerse el silencio, contradecir los argumentos contrarios e introducir así la convicción de lo opuesto a la tesis acusatoria ante el juzgador".

Reunión en la cárcel

El juez autorizó por la mañana, con el visto bueno del fiscal, la petición de Galindo y Gómez Nieto de que se permitiera visitarles a tres ex altos cargos del Ministerio del Interior. La solicitud fue elevada al coronel Ranera, jefe de la prisión militar de Alcalá de Henares (Madrid), donde se encuentran los dos mandos, y éste la remitió al juez, que accedió tras consultar al fiscal.

Vera ha declarado en calidad de imputado en el sumario sobre los asesinatos de Lasa y Zabala y el juez estudia su procesamiento por delito de encubrimiento, previsto en el nuevo Código Penal. Está procesado por el caso Gal, relativo relación al secuestro de Segundo Marey, igual que Barrionuevo. Ambos acudieron ayer por la tarde a la cárcel militar de Alcalá de Henares. No lo hizo Corcuera, pese a estar autorizado por el juez.

Barrionuevo, Corcuera y Vera ofrecieron una conferencia de prensa en la sede central del PSOE el pasado 23 de mayo, la fecha de ingreso en prisión de Rodríguez Galindo, y anunciaron que asumían plenamente la responsabilidad que pudiera imputarse al que fue su subordinado. Los tres se mostraron dispuestos a compartir la cárcel con él.