Un futuro para la telecomunicación

El nuevo Gobierno español ha encontrado sobre la mesa del Consejo de Ministros muy pocos asuntos de mayor trascendencia para nuestro futuro económico y social que la ordenación de las telecomunicaciones.Mientras algunos países se están dotando de unas infraestructuras y de unas empresas prestadoras de servicios adecuados, la situación española sólo podía contemplarse con preocupación. España no había tomado en los últimos meses las medidas necesarias para promover un desarrollo de sus telecomunicaciones paralelo al que se ha producido sobre todo en los países anglosajones. Estas medidas se basan en una idea: en el sector de las 'telecomunicaciones debe haber tanta competencia como sea posible, puesto que la experiencia (de los países anglosajones) ha demostrado que sólo la competencia reduce los precios, mejora la atención al cliente y dinamiza los servicios.

La legislación española -y particularmente la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones (LOT)- responde exactamente a un punto de partida opuesto: las telecomunicaciones son un servicio público cuya provisión se realiza por los poderes públicos, aunque sea a través de empresas controladas -Telefónica- o concesionarias. Algunas empresas pueden construir redes para uso propio, pero no pueden interconectarlas libremente ni prestar servicios a terceros, forzando así la esteriliad de unos recursos costosos. Se restringe el acceso al capital exterior, en un país donde las inversiones industriales extranjeras son saludadas con entusiasmo.

Todas estas trabas deben desaparecer para permitir que los capitales fluyan al sector, que se realicen ,nversiones importantísimas, que aparezcan empresas prestadoras de servicios innovadores y que los precios caigan.

Y sin embargo, ello no significa simplemente desregular. Precisamente porque las telecomunicaciones son tan importantes para nuestro futuro y precisamente porque venimos del monopolio, necesitamos de una regulación y sobre todo de un control público sobre este mercado que proteja al ciudadano y a la pequeña empresa de los abusos que pueda cometer la gran empresa y, al mismo tiempo, que induzca a la construcción de redes no sólo donde ya hay una gran concentración demográfica y económica, sino cubriendo armónicamente el territorio.

Por imperativo comunitario, España ha de liberalizar completamente las telecomunicaciones entre 1998 y el 2003. Este periodo no debe ser considerado corno una mera prórroga. Lo más importante es aprovechar esté periodo para establecer un sistema de competencia limitada que permita la articulación de un proveedor alternativo con una red que dé cobertura a la mayor parte del territorio y que sea algo más que la simple implantación de una sucursal de un gran operador extranjero.

El tiempo apremia. Hay que poner en marcha inmediatamente la Ley de Telecomunicaciones por Cable, aprobada apresuradamente por las Cortes a finales de año pero pendiente de ejecución. A pesar de las críticas que en su día recibió, creo que representa un punto de partida aprovechable y que su desarrollo reglamentario puede convertirla en una pieza estimulante del desarrollo.

La fórmula es simple: basta asegurar a los inversores que podrán ofrecer telefonía ya y que podrán disfrutar de una prórroga automática, por un período razonable.

El reciente acuerdo entre la Generalitat de Cataluña y las dos organizaciones catalanas de municipios, responde a este criterio: puesto que la ley permite un desarrollo tanto desordenado como ordenado, se ha pactado un orden que conjuga el interés del hipotético inversor -disponer de las zonas más rentables y poderlas conectar entre sí- con los intereses públicos -extender las redes más allá de donde llegarían las simples fuerzas del mercado.

Lo segundo que hay que hacer es sustituir la LOT por una nueva ley que liberalice este sector, estableciendo límites sólo por dos tipos de razones: o para proteger precisamente la competencia frente a los abusos de posición dominante o para garantizar la oferta de servicios con una cobertura territorial grande.

Para todo ello, es indispensable un órgano independiente de los intereses privados (y el Ministerio no puede serlo mientras controle Telefónica), que tenga autoridad para resolver conflictos y limitar abusos. Además hay que diseñar una estrategia que permita pasar del monopolio a la competencia total de tal manera que el territorio no quede dividido en unas zonas con multiplicidad de operadores de servicios avanzados y otras zonas donde la oferta se reduce a los servicios mínimos.

España no es, desde luego, un país atrasado, pero en su historia ha cogido demasiados trenes con retraso. El tren de las autopistas de la información y de la sociedad de la información aún puede ser cogido a tiempo, pero hay que darse mucha prisa si no queremos volver a, quedarnos en la cola.