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Villapalos pacta con la oposición extender la universidad a Fuenlabrada

La sexta universidad pública de Madrid, en el suroeste de la región, fraguó ayer en los pasillos del Parlamento regional. Allí, Gustavo Villapalos, consejero de Educación y Cultura, aprovechó la sesión plenaria vespertina para consensuar con la oposición (IU y PSOE) el contenido del proyecto de ley de creación de la sexta universidad. La izquierda regional aceptó el texto tras incluir a Fuenlabrada entre los nuevos municipios universitarios (Móstoles y Alcorcón). La ley, según acordaron los tres grupos parlamentarios, se aprobará de urgencia antes de que acabe este mes.Con una inversión próxima a los 15.000 millones de pesetas, el Gobierno regional pretende conseguir 15.000 nuevas plazas en los tres municipios del Sur. Fuenlabrada cederá hoy a la Comunidad de Madrid los terrenos para la construcción de uno de los tres campus universitarios previstos.

Todas al sur

Las dos nuevas universidades públicas creadas en Madrid en los últimos seis años se han localizado en el Sur. El anterior Gobierno de Joaquín Leguina consiguió, abrir la Universidad Carlos III en Getafe y Leganés; el Ejecutivo de Alberto Ruiz-Gallardón se estrenará en Móstoles para extender las aulas por Alcorcón y Fuenlabrada.En la memoria enviada al Consejo de Universidades se recoge que la sexta universidad contará con dos campus. En Móstoles, en el polígono Los Rosales, irá el edificio del rectorado, y están previstas las titulaciones de Ciencias Jurídico-Sociales y Técnico Experimentales. Se prevé además que este centro acogerá a unos 7.600 alumnos y a unos 420 profesores.

En Alcorcón, en el polígono Parque Oeste, irá el segundo campus, donde se impartirán las enseñanzas de Ciencias de la Salud. En este centro se instalarán los departamentos dé apoyo al estudiante.

Por otra parte, el pleno celebrado ayer en la Asamblea de Madrid aprobó por unanimidad un deseo que los socialistas sometieron a votación. El Estado, según la moción aprobada, traspasará a la Comunidad de Madrid las competencias sobre enseñanzas no universitarias en 1997. Ésta es la única manera de que Madrid pueda aprovechar la cesión del 30% del IRPF prometida por el Gobierno de la nación a las autonomías.

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