El fiscal del 'caso Sóller' se opone al archivo del sumario, como pide Gabriel Cañellas

"La investigación de los medios de pago usados en la salida de fondos de la Compañía del Túnel de Sóller no está conclusa". El pasado 3 de junio, Juan Carrau, el fiscal del caso Sóller -el supuesto cobro de comisiones ilegales por el PP a cambio de la concesión de un túnel de peaje en 1988- se opuso a la petición de archivo del sumario por vencimiento de los plazos, que viene postulando de manera reiterada la defensa del ex presidente balear, el popular Gabriel Cañellas, imputado en sendos supuestos delitos de cohecho y prevaricación.Carrau especificó al juez del Tribunal Superior de Baleares, Juan López Gayá, que aún "no se conoce el paradero definitivo" de 71 millones de pesetas de la empresa del túnel, retirados, en billetes de diez mil pesetas, el 21 de mayo de 1991 de la sede central de la Banca March en Palma por una persona no identificada. El representante del ministerio público recordó también que no se ha de descartar que el dinero ilícito pudiera llegar a personas, entidades interpuestas y, más tarde, engrosara el patrimonio de algún funcionario.

El juez López Gayá desestimó la petición de archivo por prescripción alegada por los representantes del PP y atendió la anterior inculpación de Cañellas, que alentó el fiscal tras la querella inicial de Izquierda Unida. Mientras, el grupo policial de Delincuencia Económica y los inspectores de Finanzas del Estado siguen investigando los detalles oscuros antes aludidos sobre la supuesta trama financiera del PP de Baleares. La organización conservadora, aparentemente, ingresó 40 millones de pesetas a cambio de la concesión por el Gobierno balear de las obras y explotación de un túnel de peaje.

Tampoco han sido identificados los destinatarios finales de los cheques de las donaciones de la empresa del túnel, manejados supuestamente por el ex apoderado y antiguo secretario general del PP, el actual consejero José Antonio Berastáin, también inculpado como cooperador necesario en supuestos cohecho y prevaricación, al igual que su directo jefe, Gabriel Cañellas.