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Tribuna:

Dos latinajos

El catedrático Luis María Díez-Picazo acaba de publicar un apasionante libro sobre La criminalidad de los gobernantes (Barcelona, Crítica, 1996) y los procedimientos inventados por los sistemas democráticos para perseguirla; los casos penales surgidos en España durante estos últimos años ilustran esas conductas delictivas: escuchas telefónicas ilegales, financiación irregular de los partidos, malversación de fondos reservados, organización o cobertura de la guerra sucia. La obra estudia -desde la Grecia clásica hasta las democracias contemporáneas- las soluciones dadas a los abusos de poder, las corrupciones económicas y los crímenes de sangre perpetrados por los altos cargos ejecutivos al amparo de las instituciones públicas.Que los vigilantes de la legalidad y los titulares del monopolio estatal de la violencia legítima aprovechen su condición de tales para delinquir crea escándalo, confusión y división entre los ciudadanos. Presentadas las cosas bajo una luz dramática, dos latinajos de vieja prosapia y contenido energuménico resumen las posiciones contrapuestas que cabría adoptar -por ejemplo- ante la guerra sucia contra ETA. De un lado, los partidarios de pasar la esponja sobre los GAL y perdonar. los crímenes de los cargos públicos se remitirán al aforismo salus publica suprema lex; de otro, los defensores del principio de legalidad harán suyo el dictum fiat justitia, pereat mundus.

Ahora bien, el dilema que obligaría a elegir entre la primera máxima ("la salvación del Estado es la suprema ley") y la segunda sentencia ("hágase justicia y húndase el mundo") resulta una trampa casi tan mortal como el mandato de escoger entre la peste y el cólera. Díez-Picazo señala que ambas posturas "son inviables y han de ser descartadas" por extremas: si el reduccionismo democrático de la razón de Estado lleva, a concluir que los gobernantes delincuentes no están obligados por las normas jurídicas, el reduccionismo legalista del Estado de Derecho conduce a suponer que los conflictos políticos deben quedar resueltos al margen de la voluntad de los ciudadanos.

La única salida al dilema sería hallar un punto de equilibrio satisfactorio "entre valores y objetivos no siempre compatibles". Pero las posteriores reflexiones del libro muestran las dificultades para lograr en la práctica esa conciliación: "aunque suene duro, a veces un país tiene que elegir entre estar correctamente gobernado y hacer justicia en todo caso". Según Díez-Pícazo, las consecuencias políticas de la criminalidad. gubernativa podrían llegar a prevalecer sobre el "puritanismo". de que los altos cargos mantengan "una conducta inmaculada" para el buen funcionamiento de la democracia; si bien la condición humana aconseja limitar el ejercicio del poder, esos controles no deben ser necesariamente jurídico-penales.

Henos aquí de regreso al dilema original sin que ningún aforismo energuménico o máxima razonable sirva para solucionar de manera automática cada conflicto concreto de abuso de poder. Por lo pronto, la apelación a los intereses generales invocada por los abogados de la razón de Estado (una coartada rechazada por el principio de legalidad) suele encubrir intereses particulares tales como la ambición de los gobernantes o el cálculo electoral de los partidos. Los organizadores, los ejecutores y los cómplices de la criminalidad gubernativa aplican los medios jurídicos, económicos, humanos y tecnológicos privativos del Estado no sólo para cometer delitos, sino también para obstruir la acción de la justicia cuando son pillados con las manos en la masa. Abusando de una posición privilegiada que les permite burlarse de la igualdad ante la ley y saltar por encima de los procedimientos del Estado de Derecho, los autores de esos crímenes a veces ni siquiera parecen conformarse con obtener la absolución penal: también se niegan a pagar el precio de renunciar a su carrera política, tal vez con la esperanza de blindar de esta forma su impunidad.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 12 de junio de 1996