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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Colaboración eficaz

LA ORGANIZACIÓN ETA y sus cómplices tienen últimamente muchos motivos de preocupación. Y todos los demócratas en España y Francia, vascos o no, otros tantos de satisfacción. Porque la colaboración antiterrorista entre Madrid y París comienza a adquirir el nivel óptimo, es decir, el normal en diligencia y eficacia que corresponde a dos países regidos por los mismos principios y valores. Al otro lado de los Pirineos ha calado finalmente la idea de que el terrorismo, sea cual sea su signo y el grupo que lo practique, amenaza por igual los valores de libertad y convivencia en Madrid y en París.Frente a esa idea y al cambio de perspectiva de la sociedad francesa respecto a ETA, nada ha podido la tosca operación de propaganda montada por la banda terrorista con la vuelta a Francia de 10 de sus miembros deportados hace años a diversos países de África y América. ETA intentaba reproducir la imagen de una España aislada, no homologada democráticamente y represora de los derechos humanos. Su fracaso ha sido mayúsculo y demuestra el grado de enajenación de la realidad que sufren sus dirigentes, intoxicados por su propia letanía propagandística.

El Gobierno francés no ha mordido el anzuelo. Ha optado por un decidido impulso a la colaboración entre dos Estados que, además de ser vecinos, apuestan en estos momentos por una estrategia común ante la convergencia de la Unión Europea. La expulsión y entrega inmediata a España de seis de los etarras deportados y la previsible entrega de otros dos, una vez que se clarifique su situación jurídica en Francia, demuestra que es ETA la que está aislada. Los terroristas siguen sin enterarse de lo mucho que ha cambiado el entorno en que actúan.

El acuerdo Chirac-González, en vísperas de la anterior cumbre europea de Turín, sobre la entrega a España de nueve dirigentes históricos de ETA -entre ellos Josu Ternera-, tras cumplir condena en Francia, fue la primera señal que auguraba un nuevo marco de cooperación policial y judicial contra el terrorismo. Un marco que el Gobierno de Aznar está consolidando con éxito y que debe es forzarse por ampliar a todo el ámbito de la UE con la negociación de un nuevo convenio europeo de extradición que dé un trato diferenciado a los delitos de terrorismo. Francia está en esa línea. Hay que excluir que se repitan hechos tan intolerables como que un socio de la UE como Bélgica acoja como refugiados a individuos acusados de delitos terroristas.

En este marco, regido, entre otros principios, por el de reciprocidad, tiene pleno sentido que España preste su máxima, ayuda a Francia en la lucha contra el terrorismo islámico. El giro de la opinión pública francesa frente al terrorismo de ETA se produjo básicamente a mediados de los ochenta, a raíz de los graves atentados cometidos por grupos radicales árabes en París. Tras su victoria en las legislativas de 1986, Chirac optó por reforzar la cooperación internacional contra el terrorismo, con medidas como la entrega de activistas por procedimiento de urgencia: porque esa mayor sensibilización de la opinión pública había determinado que la lucha antiterrorista se convirtiera en uno de los puntos básicos del programa de la coalición que encabezaba.

Como presidente de Francia, Chirac sigue apostando por esta política. El Gobierno de Aznar tiene, así pues, margen de maniobra para llevar a cabo una línea de firmeza frente a ETA que sea compatible con medidas prudentes como el acercamiento de presos etarras a cárceles próximas al País Vasco. En ello no hay claudicación del Estado de derecho frente al chantaje de los terroristas, como afirman algunos medios empeñados en tutelar, como si fuera un terreno vedado, la política antiterrorista del Gobierno. Una visión prudente, como la que está demostrando Mayor Oreja, permite hacer compatible la eficacia policial con la inteligencia en el tratamiento del entorno familiar de los presos. Si el acercamiento de éstos, al menos de aquellos que la Administración penitenciaria considere menos recalcitrantes, permite sustraer a sus familiares al férreo control a que les somete el frente carcelario de ETA, sería poco inteligente renunciar a una medida que, por lo demás, cuenta con el aval del Parlamento vasco.

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