Empresas de Portugal amenazan con revelar pagos ilegales a partidos

Importantes empresas portuguesas, algunas de ellas investigadas por sus deudas a Hacienda y la emisión de facturas falsas, han amenazado al Gobierno con revelar la financiación ilegal a los partidos políticos si no aprueba una amnistía fiscal que alivie la delicada situación económica por la que atraviesan.El Ejecutivo socialista de Antonio Guterres, opuesto inicialmente a ese perdón fiscal, estudia autorizar algunas medidas que faciliten la regularización de las deudas de las empresas al Estado.

Las grandes empresas portuguesas han aprovechado la crisis desencadenada por los clubes de fútbol (exigen todos los beneficios de la quiniela para pagar sus deudas) con el fin de presionar al Gobiemo y sanear sus maltrechas finanzas.

Directivos de las más importantes constructoras de Portugal, entre ellas Engil y Soares da Costa, han hecho llegar al Gobierno su propuesta para que sea aprobada una amnistía fiscal bajo la amenaza de revelar su contribución a la financiación ilícita de los partidos políticos.

El Gobierno y el presidente de la República, Jorge Sampaio, desmintieron el pasado fin de semana que el Ejecutivo esté preparando una medida de tales características, aunque el proyecto no ha sido descartado completamente.

De hecho, la citada amnistía ha sido analizada en algunas reuniones de coordinación del Gabinete socialista y, para calmar los ánimos, el ministro de Economía, Augusto Mateus, prepara ya una ley que permitirá a las empresas en crisis regularizar deudas con Hacienda.

Alivio fiscal

Las amenazas de las empresas y los clubes de fútbol han provocado que el Gobierno se replantee el estudio de nuevas medidas fiscales para aliviar la situación económica de estas sociedades, aunque sus denuncias afectarían fundamentalmente al actual primer partido de la oposición (Partido Social Demócrata), que fue el que más contribuciones recibió durante sus 10 años al frente del Ejecutivo (1985-1995).Algunos empresarios ya han contactado con representantes de los principales partidos para buscar una solución al conflicto suscitado. El diario Público asegura que "algunos miembros del Gobierno, entre ellos el primer ministro Antonio Guterres y el ministro adjunto al Consejo de Ministros, Jorge Coelho, ya han sido sondeados por los empresarios, que también hicieron llegar los ecos de sus recelos al Palacio de Belém" (sede del presidente de la República).

Fuentes judiciales han asegurado que el proceso en el que se investiga el caso de las facturas falsas puede provocar "una explosión política".

Algunos altos responsables de la constructora Engil han amenazado con revelar la financiación ilegal a los partidos si son condenados a penas de prisión, lo que parece muy probable a la vista de las pruebas de que dispone el tribunal encargado del caso.