Los peritos aprecian un delito de Sancristóbal en 1989 y 1990

Julián Sancristóbal, director general de la Seguridad del Estado entre 1984 y 1986, incurrió en delito fiscal en los años 89 y 90, según un informe pericial entregado al juez Eduardo Móner, instructor del caso Marey. El ex director general manejó 875 millones de pesetas en activos financieros fiscalmente opacos entre 1986 y 1991 de varios titulares. Él aportó al menos 372, sin reflejarlos en sus declaraciones. En dos de esos años, por sus aportaciones en dinero negro -166 y 123 millones- los peritos le atribuyen un "incremento no justificado de patrimonio" con una cuota defraudada superior al límite -15 millones- que fija la ley como delito.

El 31 de mayo de 1995, los peritos judiciales informaron a Baltasar Garzón, titular del juzgado número 5 y entonces instructor del secuestro de Segundo Marey, que una documentación del Banco de Financiación Industrial-Induban, actualmente banco de Comercio, evidenciaba "la existencia, entre los años 1986 y 1991,de unos capitales, representados en activos financieros fiscalmente opacos, cuya disposición habría correspondido a don Julián Sancristóbal Iguarán".El volumen total de estos capitales movidos por Sancristóbal, aunque de titularidad diversa, era de casi 875 millones, y habían generado rendimientos por importe de 75 millones. "Esas aportaciones se han destinado a la adquisición de activos financieros que o bien figuraban a nombre de Sancristóbal o bien se identificaban con determinadas siglas (G. D. S.), sobre los que, a juicio de los que suscriben, Sancristóbal tenía poder de disposición", según explica el informe que obra en manos de la justicia.

Los peritos no han logrado aún establecer el origen de unas aportaciones a dicha bolsa de dinero opaco de Induban por valor de 375 millones. Pero sí han identificado al resto de las personas que invirtieron dinero negro en ese cajón de activos financieros: Sancristóbal ingresó seis millones en 1987; 52 en 1988, 166 en 1989, 123 en 1990, y 24 en 1991. En total, 372 millones.

Francisco Álvarez Sánchez, su antiguo subordinado como jefe del mando unificado para lucha antiterrorista, también implicado en el caso Marey, aportó 17 millones en 1989, y su esposa, 11 en 1987. Asimismo, entre otros, se hallan reflejados en 1989 ingresos de la Asesoría Jurídica Mercantil, "razón social no identificada", por valor de 28 millones, y del restaurante El Anchove, por 37 millones.

Los peritos centraron su atención, por su monto, en las aportaciones de Sancristóbal, con vistas a la apreciación de "un posible delito fiscal de incremento de patrimonio no justificado", ya que las demás [aportaciones] no podían originar una cuota anual [defraudada] superior a 15 millones, que es el límite vigente para que pueda existir delito contra la Hacienda Pública".

El informe definitivo de los peritos judiciales acaba de ser entregado al juez Eduardo Móner, que investiga en el Tribunal Supremo el caso Marey, acción de los GAL en la que se halla implicado Sancristóbal. Este documento responde a la petición judicial de 7 de mayo de 1996, en la que se requirió una ampliación del primer informe, así como información de la Agencia Estatal Tributaría sobre la posible existencia de delito fiscal".

Según este último informe pericial, en 1987 Sancristóbal aportó a la bolsa de dinero opaco de Induban seis millones, y sólo reflejó al fisco un millón en bienes mobiliarios; en 1988 ingresó 52 millones y declaró bienes mobiliarios por valor de 23 millones; en 1989 cifró sus rendimientos mobiliarios en 1,5 millones, frente a los 166 que invirtió, y en 1990 calculó sus depósitos y acciones en unos 27 millones, frente a los 123 que colocó en dicha entidad bancaria.

El informe concluye que "de la comparación entre las cantidades aportadas por Sancristóbal para la adquisición de activos financieros y los datos consignados en sus declaraciones tributarias se desprende la imposibilidad de que con la renta y el patrimonio declarados se puedan financiar las aportaciones aludidas. Esta circunstancia da lugar a la existencia de un incremento no justificado de patrimonio".

Incremento no justificado

Este aumento de patrimonio. injustificado, descontada la renta disponible, se cifra en el informe en 154 millones en 1989, y 106 millones en 1990, sumada: la cantidad imputable a su esposa, quien no declaró. Esto se traduce en que Sancristóbal defraudó a Hacienda una cuota de 81 millones en 1989, y más de 52 millones al año siguiente, entre él y su mujer, Yolanda Medallo.Entretanto la juez Ana Pérez Marugán, titular del juzgado 43 sigue investigando el uso de fondos reservados, Sancristóbal es el segundo ex cargo de Interior al que se imputa un delito fiscal. El primero fue Luis Roldán, ex director general de la Guardia Civil.