EI Gobierno prepara el acercamiento a Euskadi de los 150 presos menos controlados por ETA

El Gobierno está decidido a trasladar a las prisiones del País Vasco o a las más próximas a los reclusos de ETA clasificados en el segundo grado penitenciario, según han indicado altos responsables del Ministerio del Interior. Aunque la medida será aplicada de manera individualizada, de acuerdo con el criterio establecido por el ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, se calcula que del medio millar de presos de ETA, unos 150 serán trasladados en los próximos meses. "Queremos que los traslados se inicien lo antes posible, queremos hacerlo muy pronto", han señalado las mismas fuentes.

A expensas de la selección resultante de la aplicación de criterios individualizados, el plan que madura el Ministerio del Interior en coordinación con la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, contempla el traslado de los 123 reclusos clasificados actualmente en segundo grado, así como de aquellos que accedan al régimen abierto del tercer grado.La totalidad de los 21 presos que ya han accedido a ese régimen, el más beneficioso para los reclusos y que sólo les obliga a dormir en la prisión si obtienen un trabajo en el exterior, está de hecho en las prisiones vascas. La medida no afectará a los 187 presos de ETA clasificados en el primer grado ni a los 157 preventivos, puros o mixtos, a la espera de ser juzgados por vez primera o ya condenados y pendientes de nuevos sumarios abiertos en su contra.

Criterios

Entre los criterios que el Ministerio del Interior maneja figuran las dificultades y los perjuicios económicos que la reclusión de los presos de ETA en cárceles alejadas de Euskadi representa para muchas de sus familias.Igualmente, se tiene en cuenta la actitud y disposición de los propios familiares respecto a la estrategia política marcada por grupos como las Gestoras Proamnistía, para conjurar el riesgo de que el acercamiento del recluso a su entorno familiar y social suponga, en contra de lo que se pretende, un retroceso en el fin último de la reinserción.

El Gobierno Vasco colabora en esta tarea. No en vano, el consejero de Interior del Gobierno vasco, Juan María Atutxa, del PNV, es uno de los primeros promotores de estas medidas que enlazan con proyectos barajados por el anterior Gabinete. La decisión definitiva está pendiente de una reunión, aún sin fecha, entre Mayor Oreja y Atutxa.

"No nos sentimos obligados a asumir la herencia recibida y no nos gusta utilizar términos como dispersión o acercamiento, pero es cierto que la diferencia esencial con los planes del anterior Gobierno es que nosotros ponemos el énfasis en el carácter individualizado de las medidas", explican altos responsables del ministerio.

Juan María Atutxa defiende el acercamiento a Euskadi de los reclusos de la organización terrorista con el doble argumento de que "hay que evitarles a las familias el castigo suplementario que supone el alejamiento e impedir la labor de catequización que realizan con ellos las Gestoras Proamnistía a través de los viajes que organizan a los centros penitenciarios".

El Gobierno quiere quitarle recursos a organizaciones como las Gestoras o la asociación de familiares de presos Senideak y, aunque no se diga de manera explícita, pretende también privarle a ETA de la falsa coartada de que "el Estado español no ha hecho nada para impedir la muerte de Ortega Lara", argumento con el que seguramente justificaría dentro de sus filas y entre quienes le prestan su apoyo político el asesinato del funcionario de prisiones secuestrado desde mediados del mes de enero.

El Ejecutivo del Partido Popular no tiene interés alguno en acreditar una imagen de dureza e intransigencia ante el entorno de ETA, no sólo porque debilitaría el pacto con el PNV sino también porque cree que, en última instancia, eso sólo provocaría una mayor cohesión en las filas de la organización terrorista. Según los responsables de Interior, lo que se pretende es, por el contrario, combinar la firmeza con gestos que desconcierten a las organizaciones violentas, empeñadas últimamente en una permanente campaña de movilización callejera por el reagrupamiento de los presos.

Con mayor intensidad tras el nombramiento del nuevo director general de Instituciones Penitenciarias, los responsables de Interior trabajan estos días estrechamente con los directores de prisiones para estudiar cuántos reclusos de ETA puede albergar cada uno de los 12 centros penitenciarios, desde Villabona (Asturias) a Soria, pasando por Logroño y Pamplona, que se encuentran más próximos al País Vasco.

El reagrupamiento de los presos, objetivo proclamado por ETA y Herri Batasuna para esta fase, está descartado por razones políticas y técnicas. La razón política es que se considera que volvería a situar a todos los reclusos bajo el control más directo de ETA y acabaría con la posibilidad de reinserción. La razón técnica es que ningún centro penitenciario tiene capacidad para acoger en la actualidad al medio millar de presos de la organización terrorista con las debidas medidas de seguridad.