La avalancha de objetores obliga al Gobierno a incentivar el cumplimiento del servicio militar

Defensa combinará el palo y la zanahoria para conducir el difícil proceso de transición desde el Ejército de reclutamiento forzoso al profesional y evitar que la mili deaparezca antes de lo previsto por falta de reclutas. En su primera comparecencia en el Parlamento, el ministro Eduardo Serra anunció ayer la adopción de medidas de carácter económico, fiscal y laboral para incentivar el cumplimiento del servicio militar hasta su completa abolición, prevista, en principio, para el año 2001. Será, además, una mili cada vez más corta, ya que existe la intención de reducirla a seis meses en esta legislatura. No obstante, advirtió Serra en alusión a los insumisos, las leyes se cumplirán mientras estén vigentes.

Eduardo Serra, que tomó posesión del cargo hace ahora un mes y reservó para el Congreso su primera declaración pública, reiteró el propósito de profesionalizar totalmente las Fuerzas Armadas españolas en seis años, aunque subordinó este objetivo a las disponibilidades presupuestarias y al cumplimiento de los criterios de la convergencia europea, que constituyen la prioridad fundamental para el Ejecutivo. "No se trata de un plazo ineluctable, sino razonable", dijo en respuesta al portavoz socialista Pedro Moya, quien le previno contra la utilización de los problemas económicos como coartada para incumplir este compromiso.El ministro anunció que se elegirá un año determinado, a partir del cual todos los nacidos después del 1 de enero quedarán eximidos de realizar la mili, pero no concretó cuál será dicho año, ya que dependerá de cuándo se alcance la plena profesionalización. Esta idea está tomada de Francia, donde todos los nacidos con posterioridad al 1 de enero de 1979 ya no tienen que hacer la mili, mientras que los mayores de esa edad deberán cumplirla, aunque estén disfrutando de prórroga, durante un periodo de transición que se prolongará hasta el año 2002.

En España, la fecha de referencia, si se cumpliera el objetivo de profesionalizar las Fuerzas Armadas en el año 2001, debería ser el 1 de enero de 1982. En estos momentos, casi 900.000 jóvenes disfrutan de alguna de las modalidades de prórroga al servicio militar por lo que, en teoría, aunque se decretara su abolición inmediata, habría suficiente contingente para nutrir las necesidades de los ejércitos durante cuatro o cinco años.

Sin embargo, a diferencia de Francia, el fenómeno de la objeción de conciencia impide en España prever cuántos jóvenes se incorporarán a filas en los próximos años. Tras el anuncio de que la mili se suprimirá a medio plazo, el número de objetores ha vuelto a dispararse, con casi 18.000 solicitudes en los dos últimos meses, y el 80% de ellos procede de los que tienen prórroga para incorporarse a filas.

Serra admitió su preocupación por el riesgo de que se descontrole el proceso de transición al Ejército profesional, al producirse una avalancha de objetores y peticionarios de prórrogas. En ese marco se inscriben las medidas que prepara Defensa para incentivar el cumplimiento de la mili y disuadir a quienes pretendan eludirla. Aunque no las detalló, las medidas en estudio abarcan desde aumentar la paga de los soldados, que el PP prometió elevar a 30.000 pesetas mensuales, hasta la posibilidad de que las familias desgraven por tener un hijo en el Ejército o de que se prime, a la hora de acceder a empleos públicos, a quienes hayan hecho la mili.

El ministro también advirtió que la supresión de la mili no extinguirá las obligaciones militares de los españoles y que habrá que prever algún sistema para casos de movilización. En Francia, por ejemplo, se ha previsto un curso militar de una semana, que deberán realizar tanto hombres como mujeres.

Serra eludió aportar detalles sobre el tamaño o el coste del futuro Ejército profesional, alegando que va a constituirse en el Parlamento una comisión dedicada a estudiar, precisamente, el nuevo modelo de Fuerzas Armadas y las fórmulas de transición. Sí anunció que este mismo mes se reunirá la Junta de Defensa Nacional, presidida por el Rey, para analizar la nueva política de Defensa y los planes de modernización de las Fuerzas Armadas, y que en dos o tres meses se aprobará una nueva Directiva de Defensa Nacional.

Buena parte de su intervención la dedicó Serra a defender el aumento de los gastos militares, argumentando que el peso político y económico de España no se corresponde con el puesto 114º que ocupa en el ránking mundial según su presupuesto de defensa. "Me gustaría terminar mi mandato dejando a España en un lugar algo mejor", manifestó.