La Complutense pide 9 años de cárcel para el líder neonazi que apaleó a universitarios
La Universidad Complutense quiere ver entre rejas a su antiguo alumno de Derecho Ignacio Alonso García, de 28 años. Por ello, los servicios jurídicos de la entidad académica han pedido nueve años de cárcel contra este supuesto líder neonazi que llegó a presidir dos asociaciones de estudiantes -Disenso y Teoría y Praxis- con sede en la misma Complutense. El motivo de la acusación, que se suma a la presentada por el fiscal, ha sido la presunta participación de Alonso en el brutal apaleamiento de estudiantes de izquierdas en la Facultad de Biológicas el 23 mayo de 1994. La conversión de la Complutense en parte acusadora llega dos años después de los hechos y por "razones testimoniales".
El ataque fue supuestamente cometido por Alonso, quien lo niega, y cuatro compinches -no identificados-. La paliza respondía, según se desprende de la investigación, a una estrategia de amedrentamiento de los grupúsculos fascistas de la universidad contra jóvenes de izquierdas. Para cumplir este objetivo escogieron a la asociación ADN Recalcitrante.A principios de mayo de 1994, al inicio de las jornadas libertarías convocadas por ADN Recalcitrante, se recibió una llamada que anunciaba el estallido de una bomba en el salón de actos de Biológicas. El comunicante finalizó con un "¡arriba, España!", según el relato de la acusación particular. La segunda intimidación llegó al día siguiente. Una decena de jóvenes armados con palos y cadenas insultaron a los participantes de las jornadas e intentaron entrar en la sala de reunión. La intervención de la vicedecana de la Facultad de Biológicas lo impidió. La escalada de violencia, sin embargo, prosiguió el 23 de mayo con una acción punitiva, supuestamente encabezada por Alonso.
En el escrito de acusación del fiscal, al que ahora se ha adherido la Complutense, se sostiene que aquel día el neonazi irrumpió en la delegación de alumnos de la Facultad de Biológicas con una barra de hierro oculta entre las páginas de la revista Interviú. Se dirigió directamente a los estudiantes Antonio G. F. y Jorge M. R.; al primero le estampó la barra contra la cara; al segundo, contra la cabeza. Entretanto, otros cuatro ultras, con sus respectivas barras de hierro, se lanzaron contra Alvaro G. S., a quien golpearon. Antes de huir, los agresores rociaron a Antonio G. F. con aerosol inmovilizante. Ningún herido quedó con secuelas.
La paliza soliviantó a los estudiantes de la Complutense. El 8 de junio ole 1994, un centenar de alumnos se manifestaron para exigir la expulsión de las organizaciones de extrema derecha del campus. El 16 de junio, la Brigada de Información detuvo a Alonso. En su domicilio se descubrieron publicaciones del grupo neonazi Bases Autónomas.
Cierre de Disenso
Alonso quedó en libertad a los cinco días de la detención. Su estrella universitaria, forjada como presidente de las asociaciones Disenso y Teoría y Praxis, empezó a declinar. Disenso, por ejemplo, fue cerrada.El pasado 10 de octubre, el caso volvió a estallar. Fue justo antes de iniciarse la vista oral en el Juzgado de lo Penal número 25. Una decena de neonazis se enfrentaron a un grupo antifascista. De los insultos pasaron a las manos. La Guardia Civil intervino para separarles. Y la juez suspendió la vista.
Ahora, antes del reinicio del juicio, la Universidad Complutense se ha sumado a la acusación del fiscal. El secretario general de la Complutense, Rafael Navarro Valls, comentó ayer, que se han adherido a la petición del ministerio público "por razones testimoniales". Además, esta universidad pide 28.000 pesetas de indemnización, por las roturas de mobiliario cristales causadas por el ataque. "Aunque eso, claro está, es lo que menos importa. Lo que queremos es que quede claro el rechazo del equipo rectoral a todo tipo de violencia", dijo Navarro Valls, para quien la tardanza de la Complutense en sumarse al proceso responde a que fue en febrero de este año cuando el juzgado les invitó a adherirse, y a que el equipo rectoral es nuevo. El actual rector, Rafael Puyol, fue elegido en diciembre pasado, tras la marcha de Gustavo Villapalos a la Consejería de Educación.
La universidad abrió un expediente a Alonso, que ya no está matriculado en ninguna facultad. "Por ahora, nos hemos limitado a enviar toda la documentación al tribunal; es costumbre de esta universidad que, mientras un alumno tenga un proceso penal, el expediente quede aparcado", explicó el secretario general. La petición de cárcel de la universidad es, con todo, inferior a la solicitada por la acusación particular, que se eleva a 18 años de cárcel.
