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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

¿Programa de choque?

EL PORTAVOZ de CiU en el Congreso, Joaquim Molins, tuvo que rectificar ayer a su compañero de grupo Francesc Homs, cuyo emplazamiento en tono imperativo a que el Gobierno comenzase a tomar decisiones en materia económica había suscitado la víspera la irritación del vicepresidente Rato y alguna inquietud en el ambiente, uno de cuyos efectos fue la depreciación de la peseta. Aunque ese hecho tiene más de postivo que de negativo en las actuales circunstancias, la inquietud detectada en los mercados llevó a Molins a precisar que el compromiso de su grupo con el PP lo era de gobernabilidad: no sólo de investidura, sino de respaldo a la acción del Gobierno. La aclaración de algo que se daba por sentado obedece la las advertencias que había deslizado Homs, en el sentido de que el pacto PP-CiU no incluye un compromiso explícito en materia de política económica, y que si se mantenía la pasividad del Ejecutivo su grupo "no podría hacerse solidario".La advertencia de Homs tiene algún fundamento. Es cierto que el Gobierno no ha cumplido un mes, pero se suponía que los populares tenían las cosas más pensadas, aunque sólo fuera para desmentir a quienes les acusaban de ser en la oposición un partido que criticaba mucho pero carecía de alternativas. Y una cosa es que necesiten conocer con mayor precisión el estado de las cuentas públicas y otra que carezcan de un plan de prioridades en el recorte de gasto. Las 50 medidas enunciadas por Rato son las genéricas del programa electoral de su partido. Algunas de ellas, las orientadas a la liberalización de los sectores protegidos -ley del suelo, desregulaciones, eliminación de barreras corporativas- figuraban ya en el plan de convergencia de marzo de 1992. Tal vez sea demasiado esperar que los nuevos gobernantes aprueben en un mes las medidas que los anteriores fueron incapaces de adoptar en años. Pero habían mostrado tanto aplomo en sus críticas que muchos esperaban que el PP llegara al poder poco menos que con los proyectos de ley redactados.

El argumento de que tenía un programa para el caso de lograr la mayoría absoluta pero no para gobernar en semicoalición con los nacionalistas sólo es válido hasta cierto punto. Es precisamente CiU la que más empuja al PP a cumplir su programa económico con líneas maestras expresamente asumidas en el acuerdo mutuo. Da la impresión de que el equipo de Rato tiene claros los objetivos liberalizadores, pero su partido teme disgustar a algunos de los heterogéneos sectores sociales que le dieron la victoria.

Parece que el ambicioso programa de privatizaciones se va limitando a las empresas rentables y que se mantendrán las ayudas a las deficitarias. Así, la retórica sobre el supuesto o real despilfarro del PSOE y el voto cautivo se transmuta en la reafirmación más enérgica de que existe la necesidad objetiva -política, económica e incluso moral- del gasto social. El resto, los recortes que permitan la reducción del déficit y las reformas tendentes a estimular la producción y el empleo, esperan ahora su turno.

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