Corcuera niega que le informasen de un plan para asesinar a Dorado y Bayo

El ex ministro del Interior José Luis Corcuera negó ayer ante el juez Javier Gómez de Liaño, instructor del caso Lasa-Zabala, que Luis Roldán le hubiese informado de un plan del ex secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera y el abogado vinculado a Interior Jorge Argote para "eliminar" a los guardias civiles Enrique Dorado y Felipe Bayo. Estos agentes, procesados por el secuestro y posterior asesinato de los presuntos etarras José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, amenazaban con revelar aspectos comprometedores de la guerra sucia contra ETA, según tiene declarado el ex director de la Guardia Civil Luis Roldán, por lo que Vera y Argote propusieron a Roldán, según éste, que formase un grupo para silenciarlos.

Corcuera, que compareció en calidad de testigo durante 20 minutos, dijo que no sabe nada del supuesto plan de eliminación de Dorado y Bayo y agregó que los distintos departamentos de su ministerio tenían mucha autonomía y que al ministro no le contaban todo lo que ocurría.Respecto a si intervino de alguna manera en la concesión de pensiones de invalidez a los guardias Dorado y Bayo -ahora procesados por el secuestro torturas y asesinato de los dos presuntos etarras, en 1983- el ex ministro aseguró que cuando las pensiones fueron aprobadas él ya no era ministro, cargo en el que permaneció desde julio de 1988 hasta noviembre de 1993.

Roldán tiene declarado que el tratamiento psiquiátrico de los dos ex guardias del cuartel de Intxaurrondo se pagó con cargo a los fondos reservados de Interior y que tras su expulsión de la Guardia Civil Argote presionó para que fueran readmitidos y se les concediese una pensión.

Corcuera recordó que existía una clara hostilidad de Roldán hacia Vera y que éste le pidió dos veces que destituyera al ex director de la Guardia Civil. Respecto a la vinculación de Argote con interior, el ex ministro señaló que él heredó la situación, pero que no lo cambió ni destituyó porque era el único abogado que se atrevía en aquellas fechas a defender a miembros de la Fuerzas de Seguridad del Estado, ya que ni siquiera la abogacía del Estado lo hacía entonces.

El ex ministro no fue preguntado sobre el presunto envío de cartas bomba a simpatizantes de ETA desde Interior y bajo su dirección, ya que ese extremo está siendo investigado por Garzón. Precisamente, el fiscal Pedro Rubira informó ayer a Garzón de que se opone a la imputación de Corcuera en el sumario por el asesinato de Ramón Oñederra.

Rubira entiende que el plan para matar a Dorado y Bayo debe ser investigado en el sumario Lasa-Zabala y, respecto a las cartas bomba, debe averiguarse primero si existen causas abiertas por los hechos -la muerte de un cartero en Rentería (Guipúzcoa)- lo que obligaría a reabrir la investigación a la luz de las nuevas revelaciones. Sólo después se decidiría si procede la imputación de Corcuera, Vera y Argote. También declararon dos guardias civiles. Ambos negaron que hubieran parado a Bayo cuando éste estaba dispuesto a contar a Garzón todo lo que sabe.