Venezuela suspende la colaboración policial con Madrid

"Con el servicio secreto español no trabajo más", proclamó ayer el director de la policía de Seguridad de Venezuela, Rafael Rivas Ostos. Éste anunció así la suspensión de la cooperación policial con España, molesto por informaciones publicadas en Caracas sobre la lucha antiterrorista de las autorides españolas. Rivas dijo que "era una decisión personal" que "asume con todas las consecuencias".El jefe policial hizo esta declaración refiriéndose a una noticia publicada en la prensa local, según la cual "España no dudará en sobornar a policías extranjeros" en su lucha contra ETA.

La prensa venezolana publicó el 23 de mayo informaciones de agencias anglosajonas datadas en Madrid según las cuales el ministro español de Interior, Jaime Mayor Oreja, declaró que no dudaría en usar fondos reservados para hacer pagos a policías extranjeros que ayuden en la lucha contra ETA.

"Si creen que pueden sobornar a los policías del mundo, será a los policías españoles. Yo garantizo que a los policías venezolanos, a los policías honestos, no los sobornan ni los españoles ni ningunos otros", dijo Rivas.

Según éste, en la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP), la policía de seguridad venezolana, "ha caído muy mal la declaración de los españoles" y por ello, dijo, "desde este momento la colaboración nuestra con el servicio secreto español se resume a cero. Para que lo vayan sabiendo".

"La utilización de fondos reservados y el pago de confidentes en ese terreno no tiene límites", dijo Mayor Oreja a una emisora de radio, según la versión publicada en Caracas.

En Venezuela residen oficialmente 27 etarras que llegaron deportados de diversos países -principalmente de Francia y Argelia- entre 1984 y 1990, pero se presume que han podido radicarse en este país, desde principios de la década de los 80, varias decenas más de militantes y simpatizantes de la banda terrorista.

El 20 de mayo fue detenido en Caracas Eugenio Barrutiabengoa, después de que España solicitara su arresto con fines de extradición, pero el Gobierno venezolano lo liberó 24 horas después aduciendo que su apresamiento por la Interpol fue "indebido" y que la solicitud no estaba debidamente legalizada.

Tres días antes, el ministro venezolano de Relaciones Exteriores, Miguel Ángel Burelli, negó que hubiera recibido alguna solicitud española relacionada con los etarras.