Semana decisiva en Chile para los implicados en el 'caso Soria'

La justicia civil chilena -a través del juez Eliodoro Ortiz, miembro de la Corte Suprema- se dispone esta semana a emitir sentencia sobre el caso del asesinato del ciudadano español y funcionario de las Naciones Unidas Carmelo Soria, muerto en 1976 por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), según los testigos. El magistrado, que integró la sala del Tribunal Superior que condenó el año pasado a los dos máximos jefes de la DINA por el asesinato del ex ministro Orlando Letelier, puede sentenciar de dos maneras opuestas. O condena a los dos únicos procesados, el coronel retirado del Ejército Guillermo Salinas y el ex suboficial de carabineros José Ríos, o acoge la petición de la defensa de sobreseer el juicio por aplicación de la ley de amnistía de 1978, o prescribirlo debido al tiempo transcurrido desde el crimen.Carmen Soria, hija de la víctima, ha buscado apoyo para conseguir justicia en reuniones con el presidente de la Cámara de Diputados, Jaime Estévez; el del Partido Demócrata Cristiano, el principal del país, Alejandro Foxley; diputados socialistas; el embajador de España en Chile, Nabor García, y con el juez Ortiz en varias ocasiones. Al término de la cita con Carmen Soria, el presidente de la Cámara Baja sostuvo que "para Chile es importante que todos los asesinatos cometidos en el pasado se esclarezcan, ya que la justicia es la base de la paz".

Personas protegidas

El diputado socialista chileno Jaime Naranjo informó que su colega español del PSOE, Josep Pons, presentó una propuesta ante el Parlamento Europeo en la que señala que Chile está obligado a cumplir con un acuerdo suscrito con la ONU en 1973, y ratificado en 1976, que establece penas para los crímenes en contra de personas internacionalmente protegidas. Si el juez se atuviera a este acuerdo, no podría amnistiar a los acusados del caso Soria, aplicando la ley que dictó el régimen el general Augusto Pinochet para amparar a quienes atropellaron los derechos humanos entre 1973 y 1978.Advirtió Carmen Soria que si el crimen es amnistiado buscará apoyo entre los parlamentarios de la coalición gobernante para acusar constitucionalmente al juez Ortiz. De no conseguirlo, acudirá ante la Corte Interamericana de la Organización de Estados Americanos (OEA) y al Tribunal de Justicia Internacional de La Haya por denegación de justicia.

Carmelo Soria, que militaba en el Partido Comunista, fue secuestrado por agentes de la brigada Mulchén de la DINA el 14 de julio de 1976, cuando volvía desde su trabajo en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, un organismo de la ONU) a su domicilio. Fue asesinado en una sesión de tortura e interrogatorio en la casa del agente norteamericano de la DINA Michael Townley. Los agentes pusieron luego el cadáver en el coche de Soria y lo arrojaron por un despeñadero en las cercanías de Santiago, intentando simular un accidente por ebriedad.