Frente común de 4 federaciones de UGT en defensa del sector público

Cuatro federaciones de UGT -Servicios Públicos, Enseñanza, Transportes y Químicas- preparan un "frente común y muy amplio en defensa de lo público", con una estrategia conjunta ante un eventual "desmantelamiento de los servicios públicos" esenciales para la comunidad por parte del actual Gobierno del Partido Popular. Esa propuesta ha sido realizada por Julio Lacuerda, secretario general de la FSP, a las otras federaciones y será concretada en una reunión que tendrá lugar previsiblemente la próxima semana, junto a Toni Ferrer, secretario confederal de acción sindical de la UGT.Lacuerda defiende que el sindicato precise claramente "un decálogo sobre los servicios esenciales y sobre el Estado del bienestar", que haya "un discurso único de la confederación" y considera que es especialmente importante para las cuatro federaciones ante posibles reformas de la sanidad, correos, destacadas empresas del transporte, la energía y el agua y el conjunto de la educación.

También Comisiones Obreras ha emprendido una iniciativa similar y ha elaborado un decálogo en el que pide, entre otras cosas, detener el actual modelo de privatizaciones, establecer un sistema transparente para la venta de empresas públicas, apoyar el desarrollo industrial desde el sector público y que sea el Parlamento el que autorice las privatizaciones.

Aumentos salariales

Julio Lacuerda avanzó ayer las propuestas que la FSPUGT presentará al Gobierno sobre la retribución de los empleados públicos de común acuerdo con CC OO. Los dos sindicatos reclamarán al equipo del Partido Popular que respete los acuerdos suscritos por los representantes de los empleados públicos con el anterior Gobierno socialista. Esos pactos se firmaron en septiembre de 1994 y recogen los aumentos salariales hasta el año 1997. Para el próximo año, preveían una subida igual a la previsión de inflación.Pero también reclamarán que se compense la desviación de la inflación de 1995 mediante una subida salarial adicional del 0,8%. Eso supone un coste total entre 40.000 y 50.000 millones de pesetas para los 650.000 empleados de la Administración central y, en caso de aplicarse, debería extenderse también a los trabajadores de las comunidades autónomas y los ayuntamientos. La Administración hace otra interpretación y asegura que la masa salarial global ha crecido en 1995 más que la inflación real.