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Banesto acusa de estafa a Gómez de Liaño, además de a Conde, y pide 34.250 millones de indemnización

El Banco Español de Crédito (Banesto) solicitará hoy la apertura de juicio oral a su ex presidente Mario Conde y 10 personas más. La principal novedad es que el banco pide la inculpación de Mariano Gómez de Liaño, Francisco Javier Sitges, Elena García Baquedano, Tomás Allende y Miláns del Bosch, junto con Mario Conde, Arturo Romaní, Rafael Pérez Escolar, Ramiro Núñez, Fernando Garro, Eugenio Martínez Jiménez y Jacques Hachuel en varios delitos de estafa. La entidad exige una indemnización solidaria de 34.250 millones de pesetas a los acusados y 16.000 millones subsidiariamente, caso de no cumplimentarse la primera, a Euman-Valyser, presunto grupo oculto de Conde, y otras 18 empresas.

A las 12.00 horas de hoy vence el último plazo concedido por el juez instructor, Manuel García-Castellón, para presentar los escritos de apertura de juicio oral en el caso Banesto. Fuentes solventes indicaron a este periódico que mientras el fiscal Florentino Orti y el Fondo de Garantía de Depósitos siguen una línea de calificación similar, el escrito de Banesto propone llevar hasta sus últimas consecuencias los resultados de la instrucción del caso, acusando incluso a personas que tuvieron un papel activo en las presuntas estafas y apropiaciones indebidas y que no están entre los querellados.El escrito de Banesto, al que ha tenido acceso EL PAÍS, desarrolla la calificación en tomo a seis grupos de operaciones: Euman-Valyser (compraventa de Veblinsa, Telson, Isolux y Promociones Hoteleras), Dorna (compra del 50% de la sociedad Dorna Promoción del Deporte por parte de Banesto, adquisición por la Corporación Industrial del 48% del Centro Comercial Concha Espina-La Esquina del Bernabéu y del 50% de la empresa Oil Dor), Carburos Metálicos (la emisión de warrants en 1989 y la venta de una opción a Air Products en 1990), compra de locales comerciales (seis operaciones de compraventa de inmuebles), cementeras (compraventa de dos paquetes de acciones de empresas hormigoneras con beneficios para sociedades de Conde y Romaní) y, por último, la retirada de 300 millones de la caja del banco.

En total, estas operaciones han supuesto para Banesto, según el escrito, detracciones y quebrantos que, sumados, alcanzan un valor de 33.300 millones de pesetas. Esta cifra difiere sustancialmente de la que ha surgido de la instrucción sumarial, la que será, previsiblemente, recogida tanto en el escrito de calificación del fiscal Orti como, con modificaciones, por el del Fondo de Garantía de Depósitos. Las estafas y detracciones se han estimado hasta ahora en el orden de los 15.000 millones.

Sin embargo, el equipo jurídico de Banesto cree que en la propia querella están enumeradas, aunque no investigadas, operaciones que aumentan de forma importante el volumen de las presuntas estafas y quebrantos vinculados a ellas.

Nuevos acusados

La calificación de Banesto, a diferencia de la que elevarán el fiscal, y el Fondo de Garantía, pretende ampliar la frontera desde los principales inculpados capitaneados por Conde hacia las personas que colaboraron activamente en muchas operaciones y pudieron beneficiarse de ellas. El caso más notorio es el de Mariano Gómez de Liaño, que ha sido citado por Conde como su "administrador real" y por el presunto testaferro de Conde, Eugenio Martínez Jiménez, como la persona que le facilitó la financiación de sociedades patrimoniales del ex banquero. y del Banco de Progreso, a partir de 1990.El caso de Sitges sigue en la misma línea. No sólo hizo diversos negocios personales con el grupo Euman-Valyser, sino que Asturiana del Zinc, empresa que Sitges presidía, concedió avales a Valyser para que adquiriese el 40% de Mecanizaciones y Fabricaciones (Mefasa), que cuenta entre otros activos con el astillero de San Juan de Nieva, donde Conde hizo construir su yate Alejandra. Esos avales nunca fueron contabilizados.

El testaferro de Garro

Del mismo modo que el fiscal solicitó la inculpación de Eugenio Martínez Jiménez en las operaciones del grupo Euman-Valyser, Banesto solicita ahora la de Tomás Allende y Miláns del Bosch, el socio y testaferro del ex director general Fernando Garro en el montaje de la operación por la que se desviaron del banco 1.979 millones de pesetas, a través de una cadena de compraventa de locales en 1989 y 1990.En lo que se refiere a Jacques Hachuel, tanto Banesto como el Fondo piden su inculpación, habida cuenta de que ya lo hicieron, y mantienen un recurso de queja pendiente de resolución contra la decisión contraria del juez en la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional. Otra novedad ha sido la de incluir a Ramiro Núñez, en operaciones concretas, y a Elena García Baquedano, la administradora de la mayor parte de las sociedades de Arturo Romaní, implicadas en actividades presuntamente ilícitas.

En su escrito, por otra parte, Banesto propone al juez García-Castellón "que se tome declaración en calidad de imputados, y dándoles un plazo prudencial para que puedan aportar los medios de prueba que les interesen, a Mariano Gómez de Liaño, Francisco Javier Sitges, Elena García Baquedano, Tomás Allende y Miláns del Bisch y Jacques Hachuel".

También propone que se tome "declaración a Mario Conde y a Ramiro Nuñez por su intervención en la operación locales comerciales y a Mario Conde y Arturo Romaní y Eugenio Martínez Jiménez por su intervención en las operaciones Veblinsa y Telson".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 20 de mayo de 1996

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