Ahorro y demagogia
EL PARTIDO Popular (PP) sostenía no hace mucho que los miles de altos cargos nombrados por la Administración socialista suponían para las arcas públicas un gasto de unos 60.000 millones anuales. La voluntad de aplicar a la cúpula de la Administración los criterios de austeridad que se predican para el conjunto del país es elogiable, pero todo parece indicar que ni son tantos los cargos que van a suprimir ni tanto el ahorro. El énfasis puesto por el PP en el derroche socialista en ese capítulo del presupuesto aconseja precisar el alcance real de las medidas emprendidas, no sea que los nuevos gobernantes terminen por hacer lo mismo de lo que acusaban a los socialistas: sustituir las medidas eficaces por operaciones publicitarias.El PP no ha llegado a afirmar que el fuerte crecimiento del déficit público era consecuencia del exceso de altos cargos, pero estuvo cerca: con motivo de la reforma del sistema de prestaciones por desempleo, el hoy vicepresidente Rodrigo Rato declaró que la medida debería acompañarse "de otras reducciones de gasto, como la supresión de los 6.000 altos cargos que no me parecen necesarios". El mensaje era transparentemente demagógico. La cifra manejada por el PP ha ido modificándose, pero nunca ha bajado de 5.000 el número de altos cargos suprimibles. En la campaña última se dijo que sobraba el 72% de ellos. Desde la Administración se venía advirtiendo al PP que estaba confundiendo altos cargos -personal cuyo nombramiento depende del Consejo de Ministros- con cargos de libre designación.
De los primeros había unos 450, número que se pretendía reducir en un tercio, según anunció la pasada semana el secretario de Estado para la Comunicación, Miguel Ángel Rodríguez. Los socialistas sostienen ahora que la poda real de altos cargos ha sido finalmente de 51. El decreto aprobado la semana pasada estipula que "se suprimen las secretarías de Estado, secretarías generales y direcciones generales que resultan innecesarias o que (...) son susceptibles de integrarse en otras estructuras de mayor nivel". De momento, en todo caso, el número de secretarías de Estado, así corno de secretarías generales y subsecretarial, se mantiene en términos generales y sólo las direcciones generales han disminuido.
Los restantes puestos de libre designación suman unos 6.500, pero un porcentaje considerable -algo más de 4.000, según el anterior secretario de Estado para la Administración Pública- son funcionarios de alto nivel que han llegado por concurso y a los que no se puede rebajar de categoría si no media expediente sancionador. La supresión del cargo no supone, por tanto, un ahorro neto de la cantidad percibida, sino, en su caso, por la diferencia entre lo que cobraba y lo que seguirá cobrando en cualquier otro puesto, de la Administración.
Las denuncias de los populares contra el despilfarro socialista han sido justas en muchas ocasiones, pero su eficacia se veía afectada por la evidencia de que en las comunidades por ellos gobernadas se aplicaban similares criterios en el gasto. En Galicia, por supuesto, pero también en Castilla y León, donde gestos como el de suprimir las tarjetas de crédito de los altos cargos -feliz iniciativa en todo caso- no impidió en su día que el gasto de la administración regional aumentara en un 40% en dos años. Ahora se está viendo que una cierta moral de situación determinaba algunas de aquellas denuncias. Y es legítima la sospecha de que las soluciones han sido diseñadas por personas seguramente más expertas en relaciones públicas que en Administración pública.
