La Guardia Civil detiene a un empresario por vertidos tóxicos

, Madrid - 11 may 1996 - 00:00CEST

Un empresario madrileño fue detenido hace tres días por la Guardia Civil por un presunto delito contra el medioambiente. Se le imputa que su empresa ha estado vertiendo agua con sustancias tóxicas a la red de alcantarillado de Madrid, sin que ésta, como es preceptivo, fuese tratada previamente en una depuradora. El detenido quedó en libertad tras ser interrogado.Un análisis efectuado hace poco más de un mes al agua desechada por la empresa, denominada Simensa y situada en Ciudad Lineal, reveló la existencia de cobre en dosis superiores a las permitidas por la legislación en materia de medioambiente.

La empresa, que cuenta con una plantilla próxima a los 50 trabajadores, se dedica a la elaboración de artículos relacionados con la electricidad a partir de metales nobles como la plata, entre otros. Hasta hace poco también utilizó oro para fabricar sus productos.

Las primeras pesquisas efectuadas por el Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil condujeron a pensar que los tóxicos detectados en el agua desechada procedían del laboratorio de la empresa, en el que se depuran las impurezas de estos metales. El cobre proporciona al agua un color azulado y, en altas dosis, es perjudicial para el medioambiente. Esa agua, una vez en la red de alcantarillado, puede ser utilizada para riego en la agricultura, por ejemplo.

El dueño de la empresa expresó ayer a este periódico su deseo de contribuir a solventar el problema. Indicó, no obstante, que aún se desconoce el foco del que emanan los tóxicos, si bien subrayó que hace un mes, en cuanto fue informado por la Guardia Civil de la existencia del vertido, suprimió la actividad del laboratorio. "Mientras se descubre el foco, hemos contratado los servicios de otro laboratorio", dijo. Y zanjó: "El vertido detectado es un caso incontrolado y puntual".

El responsable de Simensa reconoció que su empresa carace de depuradora, pero subrayó que sí existe "un separador de metales" que permite extraer las impurezas y evita que los tóxicos vayan a parar a la red de saneamiento. "Es posible", vaticinó, abundando en el hecho de que se trate de "un vertido puntual", "que él separador de metales haya fallado en un momento determinado; eso es lo que tenemos que comprobar", destacó.

Como prueba de que el vertido es ocasional, agregó también: "En los últimos años, tanto la Comunidad de Madrid como el Ayuntamiento han efectuado análisis del agua y nunca nos habían comunicado ninguna irregularidad".

Este empresario se quedó al frente de Simensa hace dos años, tras el fallecimiento de su padre, quien la constituyó hace 16 junto con Ignacio Fraga, hijo del actual presidente de la Xunta de Galicia.

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La fiscalía ordenó investigar la empresa por un presunto delito contra la salud pública

VIENE DE LA PÁGINA 1Ignacio Fraga ya no tiene nada que ver con esta industria. Vendió su participación -alrededor del 50%, según fuentes cercanas a la empresa- hace aproximadamente tres años, poco antes de fallecer el padre del actual responsable.

Las diligencias abiertas contra este industrial son por un presunto delito contra la salud pública, castigado en el Código Penal con una pena de arresto mayor (de un mes y un día a seis meses), según indicó ayer el asesor jurídico de la empresa, Ignacio Herrer . Este letrado consideró irregular la detención de su cliente por un asunto de este tipo.

El empresario detenido ex presó ayer su convencimiento de que las diligencias quedarán "en nada", y opinó que "se trata de un toque de atención a los empresarios" sobre un asunto que "se ha puesto de moda". Advirtió que todavía está a la espera de conocer el resultado de un segundo análisis efectuado recientemente a los vertidos, pues lo ocurrido, dijo, "ha sido una sorpresa para nosotros

El cobre es un mineral que convencionalmente se utiliza para fabricar canalizaciones en las conducciones hídricas. Si se disuelve en el agua en dosis relativamente altas llega a ser tóxicó, además de comunicar al líquido acidez y un sabor especial.

Diligencias

Detrás de estas diligencias aparece la sección de Medio Ambiente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que está desplegando el máximo rigor con las empresas que descuidan o vulneran la legislación medioambiental. Las actividades que desarrollan la escombrera de Las Cárcavas -que funciona ilegalmente y bajo un control escaso- y la incineradora de Valdemingómez se hallan ahora en el punto de mira de la fiscalía.

La fiscalía suele utilizar al Seprona en calidad de policía judicial para perseguir los atentados contra el medio ambiente. El Seprona, que goza del reconocimiento a su labor de las organizaciones ecologistas, es la principal vía en España de denuncia y primera tramitación de los delitos ecológicos, informa Rafael Ruiz. Sin embargo, aunque cada año abre miles de denuncias, muy pocas llegan a convertirse en sentencias condenatorias firmes. Y aún menos que afecten a empresarios.

Cataluña, y en especial el fiscal de medio ambiente, ha sido la que más ha perseguido las acusaciones de contaminación de suelos y ríos por parte de empresas. Sentó un hito en junio del año pasado la condena de cuatro años de cárcel que la Audiencia de Barcelona impuso al industrial catalán José Puigneró por verter residuos de forma continuada a un afluente del Ter.

Ayer mismo, un juzgado de Sabadell condenó a Jesús Miguel S. G, ex gerente de la firma química Bifresa, a dos años de cárcel y una multa de 7,5 millones de pesetas por un delito ecológico, por verter residuos tóxicos al sistema de alcantarillado de Polinyà.

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