Trabajadores de GEA acusan al INI de la prevaricación en la venta de la compañía
Trabajadores del Grupo de Empresas Álvarez (GEA) presentaron ayer en la fiscalía de Pontevedra una denuncia contra el extinto INI por presunta prevaricación y malversación de fondos públicos en la operación de venta del citado grupo a Estudesa-Pickman, sociedad que lo adquirió en 1991 y que recientemente se lo vendió a Corvagal, de Enrique Tatay. La opacidad en la venta del INI a Estudesa hizo desistir a la alemana Villeroy & Boch, la primera empresa ceramista del mundo, de comprar el grupo.
La escritura de compraventa de GEA en 1991 incluía una serie de compromisos por parte de los compradores que, en caso de incumplirse, como sostiene que ha sucedido la denuncia presentada ayer, obligarían a la reversión del grupo ceramista al INI. Este organismo no ejerció tal derecho y su inhibición, añade la denuncia, constituye "una conducta lesiva para el interés general" que podría incurrir en los delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos.Los denunciantes llaman la atención del fiscal sobre el hecho de que en octubre próximo prescriben los términos de ese contrato de compra venta y apuntan como incumplida la cláusula que obligaba a Estudesa a aportar los dos tercios del capital social de GEA (3.453 millones de pesetas) así como otra relativa a la obligación de someter al INI los balances semestrales de GEA Este seguimiento debería haber evitado que en cuatro años acumulara deudas por 12.000 millones, como ha ocurrido.
Las ayudas financieras aprobadas por la Xunta con el fin de garantizar el cobro de salarios a los empleados de GEA se extienden precisamente hasta octubre. Los trabajadores temen que la, habilitación de estas ayudas forme parte de una estrategia dirigida a acallar el escándalo de la gestión de Estudesa hasta la citada fecha, a partir de la cual no será posible formular reclamaciones en relación con la compraventa y quedaría libre de todo impedimento la solicitud del actual propietario, Enrique Tatay, de que sean recalificados los terrenos de tres de las factorías para proceder a su urbanización. A su vez, la Comisión Europea mantiene paralizado un aval de 2.500 millones de la Xunta que permitiría poner en marcha el plan de viabilidad de GEA aprobado hace año y medio, mientras que el Gobierno gallego está buscando un nuevo gerente para el grupo vigués.
