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EL "CASO GAL"

Garzón decide imputar a Corcuera, Vera y Argote en el sumario Oñederra

El auto dictado por el juez Baltasar Garzón el pasado día 7 de mayo por el que declara inculpados en crímenes de los GAL a los generales Andrés Cassinello, José Antonio Sáenz de Santamaría y Enrique Rodríguez Galindo, anticipa que el magistrado dictará na resolución similar contra el ex ministro el Interior José Luis Corcuera, el ex secreta o de Estado para la Seguridad Rafael Vera y el ahogado vinculado a Interior Jorge Argote. Vera y Argote también fueron inculpados ayer en el sumario que se sigue por el asesinato de los presuntos etarras José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala.

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La decisión de Garzón supone que Vera queda incurso en los tres grandes procesos abiertos en relación con el GAL; como procesado en el secuestro de Segundo Marey, que instruye el Supremo, y como imputado en los sumarios de los casos Oñederra y Lasa y Zabala. Garzón basa sus imputaciones en los testimonios prestados por Luis Roldán, Juan Alberto Perote y otros de personas acogidas a la ley de protección de testigos.La resolución del juez sobre los tres generales de la Guardia Civil, cuya literalidad se conoció ayer, señala que se facilita a los militares la posibilidad de personarse y ejercer sus derechos "previniéndose situaciones de indefensión, como se hará con las demás personas de las que recientemente han aparecido indicios de participación y previo informe del Ministerio Fiscal". El magistrado se refiere a las acusaciones lanzadas por el ex director general de la Guardia Civil, Luis Roldán, en las que aseguraba que el ex ministro José Luis Corcuera dirigió una trama que se encargó de enviar paquetes bomba a simpatizantes de ETA, uno de los cuales originó la muerte de un empleado de Correos.

"Quitar de enmedio"

Roldán denunció también que Vera y Argote le propusieron la creación de un grupo de personas para "quitar de enmedio" a los ex miembros de la Guardia Civil destinados en el cuartel de Intxaurrondo Enrique Dorado Villalobos y Felipe Bayo Leal porque disponían de abundante información comprometedora sobre la guerra sucia contra ETA.

El general Enrique Rodríguez Galindo fue el único de los tres generales ahora inculpados que acudió ayer al juzgado de Garzón para que le fuera notificada la resolución inculpatoria. Garzón había dado un plazo de 24 horas para que se realizase esta notificación. Galindo a la salida de la Audiencia Nacional no quiso hacer ningún tipo de comentario sobre su situación procesal.

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El auto de Garzón precisa que el sumario de Ofiederra se sigue "en averiguación de determinados hechos y delitos cuya ejecución se enmarca precisamente en la órbita de actuación de determinadas autoridades y funcionarios dentro del Ministerio del Interior, Guardia Civil, Cesid y personas particulares integradas en la terrorista GAL o en colaboración con la misma, en lo que se puede denominar guerra sucia contra ETA, a partir de l983".

Garzón puntualiza que en el sumario se investigan los asesinatos de Ramón Oñederra Kattu, ocurrido en Bayona el 19 de diciembre de 1983; los asesinatos de Ángel Gurmindo y Vicente Perurena, cometidos en Hendaya el 8 de febrero de 1984; el asesinato de Christian Olaskoaga y el asesinato frustrado de su hermano Claude, que tuvo lugar en Biriatou el 18 de noviembre de 1984, así como actividades conexas con esos hechos que integran delitos de colaboración con banda armada y encubrimientos. También se investigan otros hechos que han aparecido posteriormente, que pudieran constituir delitos de malversación de caudales públicos, proposición para el asesinato, tentativa de asesinato, depósito de armas y tenencia de explosivos, entre otros.

Indicios de participación

En este proceso tienen la condición de imputados los ex guardias civiles Enrique Dorado y Felipe Bayo, a los que todavía no se ha tomado declaración; el teniente Pedro Gómez Nieto, el coronel Juan Alberto Perote, el ex director de la Guardia Civil Luis Roldán, además de los generales Cassinello, Sáenz de Santamaría y Rodríguez Galindo.

El fiscal Pedro Rubira informó el pasado día 3 que de la investigación practicada en el sumario Oñederra "existen indicios de participación de los excelentísimos señores Cassinello, Sáenz de Santamaría y Rodríguez Galindo en las actividades ilegales relacionadas con los grupos GAL". "Así se desprende", agrega el fiscal, "de las declaraciones de los imputados en el procedimiento Juan Alberto Perote y Luis Roldán, asimismo de otros que se han acogido a la ley de protección de testigos".

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